La Defensoría de los Habitantes indaga cómo actúan los 18 ministerios del Poder Ejecutivo ante las denuncias de acoso laboral que reciben en sus despachos. Costa Rica carece de una ley que regule el hostigamiento en sitios de trabajo, por lo que se busca información del manejo de los procesos.
Hasta el momento no se han realizado investigaciones sobre esto en el país. No obstante, la Defensoría ha recibido 200 denuncias de funcionarios que afirman haber sufrido algún tipo de hostigamiento laboral, desde el 2019 hasta la fecha.
El trabajo se inició con una solicitud de información a cada entidad sobre la normativa interna para presentar este tipo de denuncias, así como la investigación y el seguimiento que se realizan.
Si no existe una norma, se les pregunta en qué protocolos fundamentan cada trámite. También se les solicita indicar las razones por las cuales este tema no está regulado y si se tiene previsto hacerlo. En caso de que ya esté en planes, se les pregunta por el plazo proyectado para la elaboración y entrada en vigor.
Las pesquisas de la Defensoría también pretenden determinar si los ministerios tienen políticas para prevenir este tipo de abusos en el lugar de trabajo. Esto incluye averiguar si se cuenta con programas de capacitación sobre la prevención, identificación y manejo del acoso laboral, de manera que tanto las jefaturas como los trabajadores conozcan de sus derechos, obligaciones y posibles sanciones, y sepan cómo proceder para denunciar.
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Aunque Costa Rica carece de una ley que regule esta materia, la Asamblea Legislativa tiene en trámite un proyecto de ley para normarla.
El proyecto define 15 conductas que se identifican como acoso, entre ellas está realizar cambios reiterados en el espacio físico de forma injustificada y desproporcionada, en condiciones inferiores a las anteriores.
También se considera como acoso limitar el acceso a la información, las herramientas y los materiales necesarios para llevar a cabo las tareas; así como propiciar acciones dolosas que induzcan al error con evidente perjuicio para la persona acosada.
La asignación de tareas incompatibles con las funciones para las que el funcionario fue contratado es otra conducta señalada en la iniciativa de ley.
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