Exige una nueva auditoría externa y una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades
Una jubilación digna, la equiparación salarial, la pérdida de competencias, el derecho a huelga, la ley de amnistía, las jornadas laborales, la polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la falta de medios humanos y técnicos...la lista de agravios con policías nacionales y guardias civiles por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se antoja interminable. Pero, sin duda, el tema más recurrente es el de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el resto de Policías autonómicas y locales. Porque a pesar de haber rubricado un acuerdo en 2018, su incumplimiento sigue siendo flagrante.
De nada parecen servir las manifestaciones multitudinarias de los agentes ni la labor diaria de los distintos sindicatos y asociaciones profesionales, que recurren incluso a los tribunales para salvar los obstáculos planteados por el Ejecutivo a espaldas de los agentes. La última decepción llegó de la mano de Grande-Marlaska, que no tuvo reparos en ocultar a policías y guardias civiles que había recurrido la sentencia que le obliga a renegociar con estos sindicatos y asociaciones profesionales el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018.
En este punto, y tras años de incumplimientos, el PP registró el pasado 17 de mayo en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley por la equiparación real y total de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como su jubilación anticipada. En concreto, exige cuatro puntos muy concretos para su debate en el Pleno de la Cámara Baja:
En el texto de la Proposición No de Ley registrado por el PP en la Cámara Baja, constan los detalles de cómo se fraguó ese acuerdo de equiparación y de las cantidades consignadas en aquel momento. Así, figura que se estipuló un proceso gradual en tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, con un importe de 807 millones de euros que serían destinados al Complemento Específico Singular (el 90% del total) y a la Productividad (el 10% restante). Además, se incluían 100 millones de euros adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo.
Sobra decir que lo que se llevó a cabo no fue una equiparación real sino una "subida salarial" y que Marlaska acabó, una vez más, en los tribunales por incumplir el pago de los cien millones de euros. El asunto de la auditoría, que también aparece reflejado en el texto de la iniciativa, fue uno de los más controvertidos por el oscurantismo de Grande-Marlaska.
