“La moratoria es una suspensión temporal. Lo que ha hecho Madrid es aplicar una suspensión temporal mientras regula su propia normativa en el Plan General de Ordenación Urbana. Por tanto, la moratoria se aplica hasta que tú tengas una normativa que te garantice que el crecimiento va a ser sostenible. Lo lógico sería ahora mismo trabajar en qué ámbitos se podría aplicar. Ya sabéis que tenemos dos zonas actualmente con suspensión de licencias de apartamentos turísticos que son el Marítimo y Ciutat Vella. Tenemos que tomar decisiones sobre estos barrios y sobre el resto de la ciudad. Estamos analizando el contexto para tomar decisiones en ese sentido”.
La alcaldesa de València, María José Catalá, se pronunció en estos términos este jueves preguntada sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento apruebe una moratoria en la concesión de licencias de nuevos apartamentos turísticos, una medida que le vienen solicitando en las últimas semanas tanto el PSPV como Compromís, pero también entidades como la Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV).
Tal y como han confirmado fuentes del sector a elDiario.es, el Ayuntamiento viene trabajando en esta opción en las últimas semanas y aseguran que por la información que les ha llegado la moratoria podría incluso aprobarse en el pleno del próximo 25 de mayo. Consultado el Ayuntamiento, no confirmó este dato. Los diferentes ámbitos del sector consultados desconocen si sería una moratoria general para toda la ciudad o parcial, solo para algunos distritos o para los bajos comerciales de los edificios, muchos de los cuales se están reconvirtiendo en apartamentos turísticos, lo que genera malestar en las comunidades de vecinos y en los propios comerciantes.
Catalá insistió en la necesidad de contar en España con “un marco general” de regulación de apartamentos turísticos que dé “seguridad jurídica” y que contemple “suficiente flexibilidad para que cada municipio, en función de su situación y de su densidad poblacional, pueda adaptarse” a esa normativa. Asimismo, mientras llega ese “marco global”, la alcaldesa no descartó aplicar una moratoria.
Sin embargo, la portavoz municipal socialista, Sandra Gómez afirmó que las declaraciones de Catalá “echando balones fuera para no asumir su responsabilidad, reflejan la falta de liderazgo y de capacidad política pero sobre todo de trabajar por la ciudad”. “No puede exigir al Gobierno de España que actúe sobre competencias que son municipales, como es la regulación urbanística de los apartamentos turísticos, que depende directamente del Ayuntamiento de València”, advirtió.
Gómez afirmó que si Catalá “de verdad quiere hacer algo para frenar la expulsión de sus vecinos y vecinas tiene la moratoria que le dejamos preparada, lista para aplicar pero ha preferido guardarla en un cajón”. De la misma manera, la emplazó a aplicar la Ley de Vivienda para declarar tensionada toda la ciudad.
El presidente de la Asociación Valenciana de Viviendas de Alquiler de Corta Estancia, Eric Sanjaime, advirtió a Catalá, de que “no se precipite, ni haga chapuzas como las que se intentaron la pasada legislatura” con la pretensión de aplicar una moratoria a las viviendas turísticas.
Sanjaime señaló que la página municipal de ‘Visit Valencia’ refleja que en el mes de marzo había 10.000 viviendas de uso turístico (VUT) en Valencia “y eso es falso porque incluye en ese dato alojamientos en barcos, en autocaravanas, incluso hay habitaciones compartidas”. Desde la asociación aseguraron que han consultado varias fuentes como son el registro de turismo, el apartado de VUT del INE e ‘inside Airbnb’ y el resultado es que en València hay 5.500 VUT. Por lo tanto, la herramienta de Visit Valencia “no representa la realidad”.
Para el presidente de la entidad “la moratoria debería extenderse a cualquier tipo de actividad turística, incluso a los proyectos hoteleros que están en marcha y que suponen cambios de uso de edificios completos”. Porque el turismo “no son solo las viviendas turísticas, sino también los hoteles, los locales de ocio y restauración, o cruceros”.
Como informó este diario, antes de las pasadas elecciones desde la Concejalía de Urbanismo que entonces dirigía la socialista Sandra Gómez se venía trabajando en un informe que realizado expresamente para justificar la aprobación de la moratoria. Con el cambio de Gobierno municipal tras las comicios, sin embargo, no se llegó a tramitar.
El mencionado estudio es contundente en cuanto a los problemas que está generando la falta de control sobre este tipo de alojamiento viene proliferando con fuerza en València en los últimos años y propone tres medidas concretas para ordenar el sector.
El informe municipal propone establecer una “moratoria de dos años de prohibición de cualquier apartamento turístico”, plazo en el que se modificarían las normas urbanísticas. El documento está a su vez basado en otros informes de Exceltur, la Universitat de València y Castro Consulting. Basándose en los datos de los citados documentos, se proponen las siguientes medidas: “Establecidas en los estudios realizados las ratios por barrio entre el número de plazas hoteleras y la población, los barrios en los que se registran problemas son, en general, los que superan el umbral del 20 plazas turísticas por cada 100 habitantes. Son barrios como Sant Francesc, El Mercat, La seu, La Xerea, el Carmen o el Cabanyal. La propuesta que se realiza implica establecer en 20 plazas turísticas por cada 100 habitantes el límite en barrios de uso predominante residencial”.
En segundo lugar, se propone “establecer como límite el 10% de la edificabilidad residencial por manzana que se puede dedicar a uso de alojamiento turístico, impidiendo la concentración de viviendas turísticas en una parte del barrio y permitiendo una distribución homogénea de la actividad hotelera”.
Además, se establecen medidas para garantizar una superficie suficiente destinada al comercio de barrio: “Garantizar la pervivencia del comercio de barrio implica impedir que actividades de mayor rentabilidad copen el espacio disponible. Para ello se establece un límite de la superficie de las plantas bajas por manzana que se pueden destinar a alojamientos turísticos”.
Por último, se proponen medidas para establecer un control previo a los hoteles de gran tamaño ya que tratándose de áreas de uso dominante residencial, “una de las cuestiones a considerar es el impacto que puede suponer la implantación de un establecimiento hotelero de cierta envergadura”.
