El asesinato de mujeres por machismo o misoginia parece importar cada vez menos en el panorama nacional.
Costa Rica está de luto. El reciente y desgarrador feminicidio de Nadia Peraza, joven de tan solo 20 años, se suma al ocurrido menos de un mes atrás, el de Kimberly Araya Granados, de 33 años, a quien el patriarcado también le arrebató la vida.
Las estadísticas son alarmantes y desoladoras. Según el Observatorio de Violencia del Poder Judicial, en el 2023 se registraron 19 feminicidios y 32 muertes violentas de mujeres aún no tipificadas. Hasta el 10 de abril del 2024, había 2 feminicidios tipificados y 10 casos de muertes violentas de mujeres.
Los feminicidios parecen importar cada vez menos en el panorama nacional y político. Mientras las autoridades nacionales miran hacia otro lado, las tasas de asesinatos de mujeres aumentan y se diversifican, como lo muestran investigaciones llevadas a cabo en la última década.
La violencia machista abarca maltrato, incumplimiento de medidas de protección, amenazas, ofensas contra la dignidad y el extremo más violento: el feminicidio.
Además, hay otras formas de violencia invisibilizadas y normalizadas, como las relaciones desiguales en el ámbito doméstico, la escasa representación de mujeres en cargos públicos, la desigualdad salarial, el acoso sexual, etcétera.
Costa Rica cuenta con legislación significativa para combatir la violencia, incluidos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, y la Plataforma de Pekín; y normativa como la Ley contra la Violencia Doméstica (7586), la de Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (8688) y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (8589).
Sin embargo, como menciona la escritora y antropóloga argentina Rita Segato: “En el caso de las violencias contra las mujeres, nunca hubo tantas leyes de protección para las mujeres, nunca hubo tanta capacidad de denuncia. Leyes, políticas públicas, instituciones. Pero la violencia letal contra las mujeres, en lugar de disminuir, aumenta”.
Los crímenes contra las mujeres no son solo de odio, sino también de orden político; sin embargo, han diluido esta discusión al plano personal, como un problema individual y de pareja, que lo convierte en hechos aislados que terminan por justificarse bajo titulares como “crimen pasional”, “historias de amor con mal desenlace” o, como se lee de forma común, “Celoso mata pareja frente a hijo menor”.
Los cuerpos de las mujeres son tratados como objetos, ultrajados y violentados hasta despojarlos de la vida de formas sumamente desgarradoras y atroces.
Los cuerpos son encontrados mutilados, descuartizados o golpeados, pero no se encuentran soluciones concretas ni políticas eficaces que señalen y puntualicen sobre la emergencia nacional que vivimos.
El feminicidio y la violencia están estrechamente ligados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una cultura machista que subvalora a las mujeres y una impunidad que revictimiza, que culpa a las mujeres de las agresiones que sufren cotidianamente. Es un reflejo de la crisis nacional que enfrenta Costa Rica.
La violencia de género requiere atención urgente, no solamente de las instituciones creadas para ello, como el Instituto Nacional de las Mujeres, sino también de la totalidad de los ámbitos educativos y de acción social que emanen del Estado, mediante una propuesta cultural que valide que las mujeres merecen vivir sin violencia.
Recordemos que las consecuencias de esta violencia se extienden a otros miembros del círculo familiar y afectivo de la víctima.
Denunciemos y alcemos la voz en defensa de las mujeres, defendamos la vida de los cientos de mujeres que podrían morir diariamente por el hecho de ser mujeres y establezcamos un compromiso contundente con la erradicación de la violencia.
El gobierno debe combatir la oleada de feminicidios mediante acciones concretas y urgentes que resulten suficientes contra esta crisis y girar los recursos destinados para dicho fin.
El autor es rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
