El Tribunal Internacional del Mar de Naciones Unidas ha dictaminado que los países tienen la “obligación” de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Es la primera decisión climática de una corte internacional que califica esos gases emitidos por los humanos como basura marina.
Los magistrados fallaron este martes sobre una petición de la Coalición de Pequeños Estados Insulares –Tovalu, Antigua-Barbuda, Vanuatu o Bahamas– tras dos años de deliberaciones. El CO2 que se traga el mar es un tipo de polución que está sujeta a los controles internacionales previstos en la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
“Estamos luchando por sobrevivir”, afirmó el primer ministro de Antigua-Barbuda, Gaston Browne tras escuchar a los jueces. “Esta decisión va a dar forma a nuestro trabajo legal y diplomático para terminar con la inacción que nos ha traído al borde de un desastre irreversible”.
El director de expediciones de la organización Oceana, Ricardo Aguilar, se congratula de lo que ha pasado, pero con un punto de prudencia: “Es un avance y es bueno que se produzcan este tipo de declaraciones para seguir impulsando la conservación marina, pero, como ocurre con estas acciones de la ONU, otra cosa es luego la aplicación”.
Es una avance y es bueno que se produzcan este tipo de declaraciones para seguir impulsando la conservación marina, pero, como ocurre con estas acciones de la ONU, otra cosa es luego la aplicación
Los océanos contienen 60 veces más carbono que la atmósfera y absorben el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas. Cada año se liberan a la atmósfera unos 10.000 millones de toneladas de carbono de los que los océanos capturan rápidamente unos 3.000 millones, lo que “hace que nuestro clima sea más hospitalario”, como lo define el Centro de Investigaciones CSIRO. Refresca un planeta recalentado por el efecto invernadero.
Los efectos que genera esta basura marina gaseosa están acreditados: sube la temperatura, desoxigena las aguas y eleva la acidez del mar. Eso conlleva mortandades masivas de especies, desaparición de recursos pesqueros o la elevación del nivel del mar en las zonas costeras.
Como la Convención del Derecho del Mar establece una batería de obligaciones para los Estados que han optado por firmar este tratado, los magistrados del Tribunal han detallado algunas de las que están relacionadas con las emisiones de CO2 y los impactos del cambio climático en los océanos. “Son diligencias debidas”, recuerdan, y entre ellas están:
Aguilar detalla que el mar “sigue siendo un sumidero, pero da señales de que ya no soporta más. La situación en los océanos es delicada pero, la verdad, parece que no se entiende que sin el mar no existiría la vida en tierra. Lo que ocurre allí tiene su reflejo en los continentes, y además a largo plazo porque aunque se pararan las emisiones hoy mismo, el mar va a tardar mucho más tiempo en enfriarse”.
La abogada principal del Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL), Joie Chowdhury, califica este dictamen como “histórico” porque “afirma inequívocamente que los estados tienen obligaciones claras y específicas bajo la ley internacional de actuar urgentemente”.
El dictamen es histórico porque afirma inequívocamente que los estados tienen obligaciones claras y específicas bajo la ley internacional de actuar urgentemente
El CIEL ha analizado además que “se trata del capítulo de apertura de una era sin precedentes en cuanto al derecho relacionado con el cambio climático. Va a influir en las dos decisiones que tienen que llegar de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Interamericano de derechos humanos”. Además, según el CIEL, “detalla lo que la ley exige hacer a los estados incluidos las cortes de justicia y los compromisos para la próxima Cumbre del Clima”.
Porque, efectivamente, la Corte Internacional de Justicia está preparando un dictamen sobre las “obligaciones de los estados respecto al cambio climático” que le solicitó en 2023 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que la asamblea general aprobara hacer esta petición.
La solicitud cuestiona sobre cuáles son estas obligaciones “bajo la ley internacional para asegurar la protección del sistema climático” y “cuáles son las consecuencias legales si, por acción u omisión, se causa un daño significativo a ese sistema u otras partes del medio ambiente”. Esta deliberación de la Corte ha provocado “el mayor número de alegaciones en un procedimiento así”, ha informado este organismo. Se espera que este 2024 se resuelva la decisión y de ahí la relevancia del camino marcado por los magistrados del Tribunal del Mar.
