El reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español no ha tomado a nadie por sorpresa. Esta decisión estaba recogida en el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar y, por lo tanto, tan sólo era una cuestión de tiempo que se materializara. Este paso también es coherente con la política exterior española hacia la cuestión palestina en las últimas décadas e, incluso, ya fue recogida en la proposición no de ley aprobada por el Congreso en 2014, con el respaldo de todos los partidos del arco político. También la opinión pública la secunda mayoritariamente, tal y como recoge el último Barómetro del Real Instituto Elcano, que señala que dicha medida cuenta con un 78% de respaldo.
El Gobierno israelí dirigido por Benjamín Netanyahu ha dejado claro, por activa y por pasiva, que nunca aceptará la creación de un Estado palestino sobre los territorios de Cisjordania, Gaza y Jerusalén, ocupados desde 1967. No sólo eso, sino que su programa de gobierno recoge como su máxima prioridad la necesidad de extender la soberanía israelí al conjunto de los territorios comprendidos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, lo que equivaldría a una anexión de facto.
Parece evidente, por lo tanto, que la eventual creación de un Estado palestino no llegará como “consecuencia de un proceso de negociación entre las partes”, tal y como contemplaba la mencionada proposición no de ley.
Por otra parte, tampoco parece lógico postergar indefinidamente este reconocimiento en aras a un eventual consenso en el seno de la familia europea, toda vez que varios países se han mostrado abiertamente contrarios a dicha iniciativa, como es el caso de Alemania o Francia. Ante esta cruda realidad sólo quedaban dos alternativas: bien seguir apelando a la retórica de los dos Estados, como se ha venido haciendo hasta ahora o, por el contrario, romper este círculo vicioso con una apuesta clara a favor de la estatalidad palestina, tal y como se ha hecho.
Con el paso dado por Irlanda, Noruega y España ya son 146 Estados los que han reconocido al Estado palestino, toda una declaración de intenciones frente al proyecto colonial sionista y sus intentos de destruir cualquier posibilidad de erigir un Estado soberano e independiente en los Territorios Palestinos Ocupados.
La mayor parte de dichos países pertenecen al Sur Global y están ubicados en los continentes africano, asiático y americano. En este sentido, la Unión Europea, como el resto de Occidente, sigue representando una anomalía, puesto que sólo once de sus 27 miembros lo reconocen y buena parte de ellos lo hicieron en el marco de la Declaración de Argel de 1988 cuando aún formaban parte del bloque soviético.
Lo que a estas alturas resulta del todo revelador es que ninguno de los integrantes de la Unión Europea se haya planteado revisar sus relaciones con Israel en respuesta a su ofensiva contra la Franja de Gaza que ha provocado, hasta el momento, 35.709 muertes y 79.990 heridos.
Mientras muchos gobernantes europeos se muestran renuentes a un gesto meramente simbólico como es el reconocimiento del Estado palestino, no tienen el menor inconveniente en dar un trato privilegiado a un gobierno acusado de perpetrar crímenes de guerra y de lesa humanidad por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional –que ha solicitado órdenes de detención para el primer ministro Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant–, o, incluso, de estar cometiendo un posible genocidio, tal y como ha establecido la Corte Internacional de Justicia.
A partir de ahora, la Unión Europea lo tendrá un poco más difícil para justificar el trato de favor que concede a Israel y no podrá seguir mirando hacia otro lado, fingiendo ignorar lo que ocurre sobre el terreno. Si ciertos países europeos persisten en proveer de armas a Israel para que destruya por completo la Franja de Gaza podrían, en un futuro, ser acusados de complicidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por el Ejército israelí, incluidos los de exterminio, la muerte intencionada de civiles o el empleo del hambre como arma de guerra, confirmados por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional.
En este contexto cobra especial relevancia la decisión del Gobierno español, que viene a reafirmar la vigencia de la solución de los dos Estados y la necesidad de que todo acuerdo se base en el derecho internacional. Es cierto que esta decisión no cambiará la situación en el corto plazo ni tendrá resultados prácticos para la población palestina, que atraviesa su mayor catástrofe desde la Nakba de 1948, pero también lo es que el reconocimiento del Estado palestino pone en evidencia la clamorosa soledad de Israel, cada vez más aislado por las decisiones de un Gobierno radical empeñado en imponer, a sangre y fuego, su completa soberanía sobre el territorio que se extiende entre el río y el mar.
*Álvarez-Ossorio es coautor del libro Gaza. Crónica de una Nakba anunciada (Catarata, 2024)
