La Ley N° 25619, firmada por él mismo, establece en su artículo 2 las directrices que le impiden cobrar su sueldo de por vida como expresidente.
Alberto Fujimori, el pasado 6 de mayo, solicitó al Congreso de la República que se le asigne una pensión vitalicia, el pago para el estipendio de un asistente y vales de combustible por sus funciones cumplidas como expresidente durante los años 90. La bancada fujimorista de Fuerza Popular ha respaldado este pedido; sin embargo, el exdictador no recuerda que él firmó las directrices que le impiden cobrar este pago de por vida.
Durante su gobierno, el Legislativo de aquel entonces, presidido por Jaime Yoshiyama, quien está envuelto en casos de corrupción, aprobó la Ley N° 25619, que establecía pensión para aquellos expresidentes constitucionales. Esta disposición fue publicada el 8 de agosto de 1995 con la firma de Fujimori y de Dante Córdova Blanco, primer ministro del Gobierno.
Este decreto legislativo se desglosa en 4 artículos esenciales, cuyo segundo punto explica de manera minuciosa por qué no debería hacerse efectivo esta solicitud que busca obtener el exmandatario tras casi 25 años de haber renunciado a través de un fax enviado desde Japón.
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DL by daniel.munoz
El artículo 2 de la Ley 25619 establece que el derecho a una pensión vitalicia queda suspendido para aquellos expresidentes que hayan sido acusados constitucionalmente por el Congreso. De igual manera, esta sanción quedaría sin efecto en el caso de que una sentencia judicial los declare inocentes.
Alberto Fujimori fue acusado constitucionalmente en 2001 tras haber sido vacado por incapacidad moral permanente. A partir de ello, se formularon casos que acabaron sentenciándolo por crímenes de lesa humanidad como la Masacre de Barrios Altos y La Cantuta. Pese a haber sido indultado en diciembre de 2023, este no borra la sentencia que posee.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado mencionó la existencia de la Ley 26519, que suprime la pensión vitalicia a expresidentes acusados constitucionalmente y sentenciados. En este contexto, señaló que el exmandatario enfrenta una denuncia constitucional y ha sido condenado por delitos graves.
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"Me parece que no procede. Fujimori no solo fue acusado y destituido por el Congreso (...). Fujimori está incluso en una situación muy grave, pues supera ese estándar. Además, fue condenado por graves delitos, que constituyen graves violaciones de derechos humanos", declaró Maldonado a La República.
Rosa María Palacios explicó que, según la ley de 1995, firmada por el mismo Fujimori, el pago de pensión se suspende para expresidentes con acusaciones constitucionales a menos que sean absueltos. "La misma ley que cita la bancada es muy graciosa. El artículo 2 dice que el derecho referido en esta ley queda en suspenso para expresidentes, de los cuales el Congreso ha formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes", manifestó e hizo hincapié en que Fujimori fue declarado culpable.
Finalmente, Rosa María Palacios añadió: "Aun estando indultado sigue siendo culpable porque el indulto no borra la sentencia".
