Solo un día después de que el Tribunal Constitucional avalase la parte sustancial de la Ley de Vivienda, que ha recibido las críticas de la mayoría de los actores del sector del ladrillo, los grandes del inmobiliario se ven las caras. Lo hacen en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) que, durante tres jornadas, trata de atraer inversiones para desarrollar nuevas promociones, buscar compradores a las que ya están en marcha y, sobre todo, para lanzar un mensaje: el sector inmobiliario necesita más suelo, más flexibilidad burocrática y muchas más viviendas.
“Si tuviera que pedir tres cosas, la primera sería incrementar la oferta; la segunda, incrementar la oferta; y la tercera, incrementar la oferta”, ironizó durante una mesa redonda el gerente de la Junta de Compensación de Valdecarros, Domingo Menéndez. Se trata de uno de los mayores desarrollos urbanísticos que están previstos para los próximos años en toda España, con más de 50.000 viviendas en el horizonte, al sureste de la capital.
“Necesitamos más suelo”, indicó en la misma mesa redonda Asís Colomina, director de Promoción Nacional de Acciona. También, que bajen los costes que afrontan los promotores y los constructores. “Hay mucha competencia por el suelo”, reiteró, en un contexto donde faltan plantillas. “Un 35% de los costes de la construcción es mano de obra que en tres años ha subido lo mismo que en los 14 anteriores,. Conseguir mano de obra cualificada es muy complicado”, aseguró Colomina. “La falta de trabajadores afecta al precio”, a lo que se suma la necesidad de más suelo y la subida de tipos de interés “que no se han repercutido en su totalidad al precio. Hemos perdido márgenes”, indicó, en referencia a las constructoras.
Los promotores, las constructoras inmobiliarias quieren más suelo y más oferta, porque los pisos no han tocado techo. “Los precios no van a dejar de subir”, reconoció Beatriz Toribio.
Directora General de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). También reclamó que salga adelante la reforma de la Ley del Suelo, sobre la que mañana tiene que pronunciarse el Congreso de los Diputados y que suba el poder adquisitivo y los sueldos. “El mercado del alquiler es más una obligación y hay que revertirlo. La propiedad de una vivienda es riqueza y ahorro” que, en épocas de crisis, “ha permitido que las familias propietarias no hayan tenido que sufrir tanto como las que están en alquiler”.
El sector calcula que cada año se pueden llegar a crear hasta 500.000 hogares, incluida la inmigración pero, en cambio, solo se construyen 100.000 viviendas nuevas. Un análisis que obvia por completo los casi cuatro millones de viviendas vacías que hay en España, repartidas por todo el territorio.
Esta visión de la vivienda como activo financiero del que exprimir rentabilidad está en el foco de las críticas del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Creen que eventos inmobiliarios como el SIMA mantienen el paradigma de especulación inmobiliaria, en un foro que cuenta con el respaldo del Ministerio de Vivienda, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital.
“Entendemos que estas ferias y congresos inmobiliarios perjudican a la mayoría de la población porque son espacios donde se potencia la especulación por la vivienda, porque son un encuentro entre fondos e inmobiliarias, donde se comparten estrategias muy agresivas para la acaparación de viviendas y la elevación de precios, para que aumente la rentabilidad”, ha explicado a elDiario.es el portavoz del Sindicato, Víctor Palomo.
“Lo más preocupante es que en plena emergencia habitacional, donde incluso el Banco de España está advirtiendo de que la mitad de los inquilinos están en riesgo de pobreza por el elevado precio de la vivienda, vemos una colaboración activa de las administraciones a todos los niveles”, ahondó Palomo. “El Ministerio sigue actuando como si la vivienda fuera un bien de mercado, reforzando la concepción política de la vivienda que tiene la derecha, en vez de entenderla como un derecho que se tiene que construir y afianzar para que no aumente la desigualdad”.
Precisamente, esas mismas administraciones han participado en la jornada inaugural de SIMA en la que han chocado por dos legislaciones. Una ya en vigor, la Ley de Vivienda. Otra, la del suelo que mañana se verá en la Cámara Baja. “La mera aprobación de la Ley de Vivienda genera incertidumbres y la retracción del 30% de la oferta del alquiler que se va a los alojamientos temporales y turísticos”, criticó el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García. “Es el momento de decirlo, el intervencionismo y el cortoplacismo provoca efectos perniciosos, las sociedades donde hay intervencionismo están abocadas al fracaso; pero Madrid es el faro”.
A esas palabras contestó el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. “No entiendo que después de un año de vigencia y no aplicándose ningún tipo de control de rentas en la Comunidad Autónoma de Madrid, la culpa de todo lo que pasa”, con el precio del alquiler, por ejemplo, “la tenga la Ley de Vivienda, creo que la Ley ha garantizado un derecho. Es una ley joven, que tiene desarrollos, espero, de comunidades autónomas y ayuntamientos que se animen”.
Respecto a la Ley del Suelo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dejó caer el rechazo del Partido Popular. No es posible aprobar la Ley de Vivienda con unos socios y pretender sacar la Ley del Suelo con otros. Dicho lo cual también tiene que haber espacio para el entendimiento y para el diálogo“, matizó.
