Datos del IEE revelan que 18 candidatos a alcaldes y tres a diputados locales han solicitado protección.
Los grupos criminales están ejerciendo su derecho de veto sobre los candidatos a un puesto de elección popular local, gracias a que las autoridades competentes no tomaron medidas de blindaje, consideró Marco Antonio Torres, experto en seguridad.
“Pese a ser muy evidente que en estas campañas políticas en todo el país, las organizaciones criminales decidieron ejercer derecho de veto sobre candidatos locales, que no son de su preferencia o que no están “arreglados” con ellos, las áreas de Secretaría de Gobierno y de Seguridad Pública no tomaron medidas de blindaje ambiental social que eviten actos violentos contra candidatos”, indicó Torres.
“Es absurdo que estas dependencias esperen que el organismo electoral los llame para actuar. Deben obrar de oficio, y esto no interferiría en modo alguno con los actos de campaña”, agregó.
Sobre los atentados que se han registrado en Nuevo León (NL) en contra de Graciela Villarreal, en el municipio de El Carmen, y de Linda Padilla, en Guadalupe, ambas en búsqueda de la alcaldía, comentó que esto fue a la falta de planeación y la “lavadura” de manos.
“El Gobierno del Estado se declara ajeno a los temas electorales como forma de respeto a la democracia, olvidando que su responsabilidad de proteger a los ciudadanos incluye todos los ámbitos y que las labores de inteligencia y de blindaje de actos públicos en nada son intromisiones electorales”, comentó.
Sobre si el crimen organizado está infiltrado en el proceso electoral dijo que “no hay duda de ello. Las elecciones de 2021 marcaron un punto de inflexión en cuanto a la alianza estructural de criminales con organizaciones políticas.
“Siempre han incidido los criminales en las elecciones, pero nunca lo habían hecho orgánicamente antes de 2021. Al menos cinco gobernadores electos de estados del Pacífico mexicano y sus congresos recibieron ayuda -solicitada o no - de organizaciones criminales, con recursos económicos, brigadas casa por casa y apoyo disuasivo contra candidatos contrarios. No hay razones para pensar que 2024 será distinto”, comentó
De acuerdo con datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se han presentado 195 denuncias electorales, principalmente en el mes de abril y se han detenido, al menos, siete personas por amenazas al electorado o dañar propaganda.
Por su parte, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León dio a conocer que 21 candidatos han solicitado protección, tres aspiran a ser diputados locales y el 18 restante busca alguna alcaldía.
En cuanto al impacto que esto tendrá en las elecciones consideró que la delincuencia avanzará en su propósito de ser caciques.
“Creo que la actuación criminal en las elecciones ya tiene efectos desde el arranque de las campañas. Hay candidatos muertos o que renunciaron y habrá más que se abstendrán de hacer campañas o renunciarán a la mitad de ellas.
“Ya hay partidos que no completan listas de candidatos por temor de sus precandidatos. No tengo dudas de que al final de cuentas los cárteles, para desgracia de México, lograrán avanzar en su propósito de que sus capos también sean caciques, con alcaldes, legisladores y gobernadores a su servicio”, puntualizó.
