Checkley Soria rechazó la recusación presentada por la fiscal Delia Espinoza en su contra, debido a que, a su consideración, no hay razones objetivas.
Este último martes 21 de mayo, el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley decidió inhibirse en los casos de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y de la magistrada Enma Benavides. Esto, tras ser incluido en las pesquisas que realiza la Fiscalía en el proceso denominado La Fiscal y su Cúpula de Poder.
En ese sentido, el representante del Poder Judicial señaló que no resultaría lógico como magistrado participar en investigaciones en las que ha sido involucrado, pese a que su inclusión en la referida indagación preliminar se realizó luego de las declaraciones del ex hombre de confianza de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.
“Me inhibo de intervenir en los casos en los que se encuentren como investigadas las señoras Liz Patricia Benavides Vargas y Enma Rosaura Benavides Varga”, manifestó el juez Supremo de Investigación Preparatoria en el documento judicial.
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En esa línea, el magistrado rechazó la recusación en su contra que realizó la fiscal encargada del despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Delia Espinoza, en las pesquisas que se siguen hacia Patricia Benavides y señaló que el requerimiento de la representante de la Fiscalía no contiene razones objetivas.
"Rechazar la recusación presentada por la señora Fiscal Suprema del despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos", se lee.
Checkley Soria se pronunció sobre una investigación preliminar seguida en su contra por el caso Piura y manifestó que colaboró con las mismas cuando tuvo conocimiento. Aclaró que no hubo relación con los investigados, como lo señaló un colaborador eficaz de la indagación, quien informó de una supuesta entrega de dinero cuando participaba como juez supremo.
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La Fiscalía Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos, liderada por la fiscal suprema Delia Espinoza, dispuso iniciar una investigación contra Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de Investigación Preparatoria, por supuestos acuerdos ilícitos con Patricia Benavides Vargas, ex fiscal de la Nación. El objeto de esta indagación se centra en el caso de Enma Benavides Vargas, jueza superior de Lima.
La representante de la Fiscalía presentó una recusación contra el juez Checkley Soria, en la que se solicita su abstención en las acciones relacionadas con la investigación preliminar a la suspendida fiscal de la Nación. Esta recusación incluye un pedido específico para suspender por 36 meses a la mencionada magistrada, acusada de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público y de cometer ciertos delitos contra la administración pública.
Según un comunicado del Ministerio Público, se ha pedido que otro magistrado asuma el caso, n.° 00002-2024, para garantizar la imparcialidad y el respeto debido en el proceso. La recusación se basa en la necesidad de mantener la garantía de imparcialidad y un proceso justo.
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El fiscal supremo Alcides Chinchay también recusó a Checkley Soria el 9 de mayo de 2024 e instó a que se retire del caso de Enma Benavides Vargas. Esto se sustenta en testimonios de Jaime Villanueva —exasesor y colaborador cercano de Patricia Benavides—, quien ahora actúa como testigo y colaborador eficaz. Villanueva ha declarado que existió un pacto entre la ex fiscal de la Nación y Checkley Soria para intercambiar favores, con los que el magistrado del Poder Judicial archivaría el proceso penal contra Enma Benavides a cambio de que la Fiscalía cesara las investigaciones sobre sus actividades como juez superior titular en Piura.
El Ministerio Público, a través del despacho de Delia Espinoza, indica que durante la investigación se han recabado pruebas que respaldarían las afirmaciones de Villanueva sobre los pactos entre Patricia Benavides y Checkley Soria. Esta situación podría complicar la solicitud de Delia Espinoza de suspender a Patricia Benavides como fiscal suprema antes del 6 de junio, fecha en que finaliza su suspensión administrativa impuesta por la Junta Nacional de Justicia el 7 de diciembre de 2023 por un periodo de seis meses. Espinoza propone que se suspendan los derechos de Benavides en el proceso penal por un total de 36 meses.
