Los enfermos de cáncer no solo deben lidiar con el mal que los aqueja, también ven sus derechos conculcados a la hora de reclamar un tipo de medicinas denominadas “innovadoras”, que podrían salvar sus vidas, pero que las aseguradoras privadas se las niegan.
El caso ha escalado al Poder Judicial, en el que se ventila en la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior. Las aseguradoras han pedido que se expulse el numeral 7.2 del reglamento del ordenamiento jurídico contemplado en la Ley del Cáncer.
¿Cuál es el tema que origina esta controversia? Que en él se señala que “las IAFAS (Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud) privadas deben asegurar la integralidad de la cobertura oncológica en las pólizas de seguros de salud, incluyendo los tratamientos reconocidos en las guías prácticas clínicas internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico”.
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Las aseguradoras, en realidad, están peleando en defensa de sus bolsillos. Las medicinas “innovadoras” corresponden a productos que cuentan con aprobación de diferentes certificadoras, que garantizan su efectividad. Solo que cuestan más.
No es cierto, como han sostenido las aseguradoras en sus alegatos, que se trata de medicina en fase de prueba o que todavía no cuentan con estudios consolidados. Se trata de medicina suficientemente probada y con casos de éxito. Personas que han sido tratadas y salvadas con este tipo de medicina dan fe de su eficacia.
Es extraño que ahora las aseguradoras pretendan eliminar de las pólizas la cobertura de este tipo de medicinas, que nos pondría a nivel de otros países en los que están incluidas en las coberturas. En el año 2020, un estudio determinó que la medicación que se entrega a pacientes con cáncer en el Perú tiene 20 años de retraso en comparación con la que se entrega en otros países. Es necesario que el Poder Judicial entienda que la curación de millones de personas no puede ponerse en riesgo para no perjudicar las ganancias de las aseguradoras.
