El periodista ecuatoriano José Luis Calderón, que fue el rostro visible del asalto de un grupo de hombres armados al canal TC Televisión de Guayaquil, durante una emisión en directo en enero pasado, decidió exiliarse por temor a la violencia en el país y la falta de garantías para ejercer la profesión.
Así lo reveló la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que también forma parte de la llamada Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), una instancia de la sociedad civil enfocada en acciones ante amenazas contra la libertad de prensa.
Calderón, que sufre de estrés postraumático, indicó que su decisión de abandonar el país se debe a los problemas de salud mental provocados por el ataque del grupo armado al canal de televisión, que se saldó sin víctimas mortales y con trece detenidos.
El pasado 9 de enero, varios sujetos irrumpieron de forma violenta en el set principal de TC Televisión cuando se emitía un programa en vivo; lo hicieron encapuchados, con armas y explosivos.
Los violentos golpearon a varios empleados del canal de televisión e hirieron a uno de ellos, mientras a Calderón, cuando intentaba mediar, le colocaron explosivos en su ropa, según recordó Fundamedios.
Tras el suceso, el periodista se retiró de las actividades laborales habituales, por el temor e inseguridad para ejercer su profesión, por lo que buscó mediar con la empresa de comunicación que, más bien, lo despidió por “ausencias injustificadas”, añadió la fuente.
Además, remarcó que el periodista ya había sufrido meses atrás asaltos de delincuentes mientras efectuaba coberturas informativas en la calle, ante lo cual reveló que no sintió el respaldo del canal para ejercer su oficio considerado por varios analistas de “alto riesgo” en un país como Ecuador, azotado por la violencia criminal.
La MAPP se solidarizó con el periodista ante los constantes ataques a los que ha estado expuesto en sus 23 años de ejercicio profesional, agregó Fundamedios. También, hizo un llamamiento “a las autoridades a garantizar un ambiente seguro para el periodismo ecuatoriano”.
El 8 de enero pasado, el presidente del país, el empresario Daniel Noboa, que no llevaba dos meses en el poder, decretó un estado de excepción a escala nacional ante el auge de la violencia en las cárceles del país, que entonces estaban internamente dominadas por grupos de delincuencia organizada que se disputaban el control interno de estos recintos.
Al día siguiente, se dio el asalto a TC Televisión, y Noboa declaró entonces una situación de “conflicto armado interno” e identificó con la extrema violencia desatada en cárceles y calles del país a 22 bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.
Esa decisión abrió la puerta legal para que las Fuerzas Armadas intervinieran y tomaran las riendas de la seguridad interna del país con el apoyo de la Policía.
Pese a que el estado de excepción concluyó el 7 de abril pasado, el Gobierno declaró la persistencia del “conflicto armado interno” para mantener la participación de los militares en la seguridad interna.
Y pese a que las autoridades han asegurado que se ha reducido la violencia en el país, a diario se registran se siguen registrando asesinatos, extorsiones, secuestros, robos, asaltos y otro tipo de delitos que mantiene la percepción de alta inseguridad entre la población.
