El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por el abogado de un narcotraficante condenado de Castellón por los daños graves que la Guardia Civil causó a su vehículo de alta gama, un BMW serie 6, durante su uso provisional autorizado por un juez. El dueño del turismo fue detenido 2018 en la localidad castellonense de Moncofa tras causar una peligrosa persecución con el citado coche. Le intervinieron cerca de 400 gramos de cocaína y el turismo fue depositado en el depósito, hasta que meses después el Juzgado de Instrucción número 4 de Nules autorizara su uso temporal por parte del equipo de delincuencia organizada y antidroga del instituto armado. Después de varios años, según ha adelantado el diario Mediterráneo , la defensa del condenado ha presentado un recurso por los desperfectos causados al BMW, que la Justicia ha aceptado hasta tal punto de concretar una indemnización de 18.120 euros que tendrá que pagar el Ministerio de Justicia al narcotraficante afectado. MÁS INFORMACIÓN noticia No El Gobierno descarta el avión medicalizado para el regreso del valenciano hospitalizado en su luna de miel en Cancún La sentencia de la Audiencia Nacional explica que el coche abandonó el garaje en perfecto estado antes de ser usado por los agentes de la Guardia Civil. El mismo necesitaba de mantenimiento y cambiar el aceite con cierta periodicidad, algo que los agentes no mantuvieron hasta que finalmente gripó y se rompió la caja de cambios . Por si fuera poco, el fallo hace especial incidencia en el resto de daños causados al coche, valorado entre 60.000 y 90.000 euros. Por fuera, tenía magulladuras, rascones y golpes en paragolpes, faros, puertas, llantas, techo, tapacubos e incluso en el interior. Así las cosas, el juez considera que el presupuesto para reparar todos los daños debe ser abonado por el Ministerio de Justicia , pues entiende que «son consecuencia de una desatenta y muy descuidada función de custodia y conservación del coche incautado y cedido en uso a la Guardia Civil», aludiendo que se trata de una «negligencia de orden mayor» y que «no son achacables a un deterioro inherente al tiempo transcurrido».
