El pasado 12 de diciembre un juzgado de Santander resolvió que saliera a subasta una finca situada a 100 metros de la playa del Sardinero, un solar donde se están construyendo once viviendas exclusivas aunque la obra está paralizada. Ese mismo día, a las 18.35 de la tarde y a casi 500 kilómetros, un hombre fue atacado por la espalda, al parecer con un puño americano , cuando volvía a su casa en la zona de Arturo Soria (Madrid) tras dar un paseo. «Sentí que iba a morir. No podía ni pedir ayuda porque la pantalla de mi móvil se bloqueó por la sangre que me resbalaba de todas partes», explica a ABC. Ese hombre se llama Javier D., es abogado y el denunciante de los presuntos estafadores de la promoción de Santander, en la que él participaba como comprador. Había invertido todos sus ahorros y no estaba dispuesto a perderlos, pero nunca imaginó que ordenarían su asesinato. Quienes lo encargaron, supuestos empresarios cántabros, están en prisión sin fianza desde el 19 de marzo. Los sicarios aún no han sido detenidos. El sueño de Javier es ahora su pesadilla vital. Aquella tarde de diciembre de hace cinco meses ingresó en la UCI, de donde salió en febrero. Sufrió traumatismo craneoencefálico y facial severo y una hemorragia múltiple en la cabeza «con riesgo vital» . Ha perdido la cuenta de las operaciones que lleva pero la visión del ojo, irrecuperable, se lo recuerda cada mañana cuando sube a la ambulancia para ir a rehabilitación. El sueño empezó tras recibir la herencia de la casa de su padre. El que creía un amigo común Goyo V. le presentó a Miguel Ángel V. E. y José Jorge T. V. Iban a construir el Residencial España, once viviendas de lujo a un paso de la magnífica playa del Sardinero. Los compradores adquirían la propiedad y el suelo y la obra estaría acabada en abril de 2020. Entre los compradores está el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Arozamena y su mujer, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC . Pese a que la obra estaba parada, siguieron pidiéndoles aportaciones a todos. Javier se querelló contra ellos por estafa. Un magistrado del TS El Juzgado de Instrucción 4 de Santander decretó en 2021 el embargo de los bienes de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Dream Proyect, de la que era representante Miguel Ángel V. En paralelo el abogado recurrió a la vía civil y otro juzgado de Santander acordó la disolución de la comunidad de bienes de la finca y de la promotora. El siguiente paso sería sacar el terreno y la obra a subasta, lo que ocurrió el mismo día del intento de asesinato de Javier. Noticia Relacionada reportaje Si Un chivatazo propició la primera fuga del líder de la Mocro Maffia Cruz Morcillo Karim Bouyakhricham eludió en diciembre la operación policial contra su grupo por una filtración, se entregó en enero creyendo que quedaría libre, pero acabó en prisión Los supuestos constructores se sienten acorralados y ven que su proyecto —«que financiábamos los demás», dice el letrado— se hunde. Plantean ofertas inasumibles y sin ninguna garantía a Javier , que sigue adelante en su litigio. Hasta el 23 de febrero del año pasado. Ese día le llega el primer aviso, la primera paliza. Eran las 13.30 e iba a entrar en su garaje de Madrid cuando dos individuos golpean la ventanilla del coche. Baja para ver qué ha pasado y le intentan golpear la cabeza con una barra de hierro. Le dan en el brazo, pero logra refugiarse en el vehículo, al que causan importantes desperfectos. A Javier le da tiempo a ver la matrícula del Audi que se da a la fuga. El abogado denuncia ante la Policía. A los seis días recibe un mensaje desde un teléfono de Dinamarca: «Tu muerte está pagada. Es tu última oportunidad , de ti depende». Y cuando no habían pasado ni 24 horas, quien contacta con él es el abogado de los promotores. Quieren llegar a un acuerdo. «¿El mensaje que me dieron el jueves 23 está dentro de la negociación y lo damos por terminado?», le responde Javier. Le dan un día para contestar a la propuesta. «En ese momento tengo clarísimo que no van a parar. Mi colega no niega la agresión por la que yo le pregunto. Sorprendente», explica la víctima. El atestado por la agresión recae en el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid. El abogado dirige sus sospechas, sin dudar, hacia los individuos a los que ha denunciado. Pide protección, pero no se le concede. La Brigada de Policía Judicial de Madrid se hace cargo de la investigación. En agosto detienen y ponen en libertad a Juan Antonio C., el dueño del Audi, contra el que han acumulado numerosas pruebas. Cuenta a la Policía que «el encargo de la agresión al abogado provenía de una persona que conocía por Jorge Gallwis, a quien a su vez se lo habían encargado unas personas de Santander por un negocio fallido». El precio por esa primera paliza fue de entre 4.000 y 6.000 euros a repartir entre varios. Los dos autores intelectuales, ya en prisión, de 60 y 57 años, casados y con hijos, cambiaron de sexo antes de ser detenidos Los agentes de Secuestros y Extorsiones de la Brigada van desenmarañando la madeja poco a poco con posicionamientos de teléfono , llamadas y citas entre los sospechosos. En octubre detienen a dos hermanos: Jorge e Iván A. R., dos intermediarios más en los contactos y los pagos y a través de ellos surgen nuevos investigados, como Guillermo R. M., la persona que actúa en representación de quienes han ordenado la paliza . Fue quien mandó la primera amenaza desde un teléfono danés y quien organizó la agresión, que los matones grabaron y le hicieron llegar a su móvil a través de Jorge A. De marzo a julio del año pasado el organizador insiste una y otra vez a Jorge en que vuelvan a por el abogado porque «el nota no cambia de opinión». Este último le pregunta si es al mismo que la otra vez. «Sí, al mismo. Creo que hay que darle otra vuelta, según tengo entendido no ha sido suficiente...» El segundo aviso al abogado ya no es tal: es una sentencia de muerte. El 12 de diciembre Javier creyó que había llegado su hora cuando le destrozaron el cráneo y la cara y lo dejaron tirado en la acera. El 9 de enero, la letrada amiga que que ejerce la acusación en su nombre recibe una carta en su casa: «Tienes 5 días desde hoy para colgar la toga, zorra. O eso o te enviamos con Javier con tres o cuatro martillazos». Ese mismo día, la abogada renuncia a la defensa y se encierra durante dos semanas en su piso, aterrada. Dos amenazas de muerte al instructor El 17 de enero el juez de Santander Enrique García, instructor de la querella por la finca en liza recibe una carta en su casa: «Buenos días Luis Enrique. ¡CIERRA LA INSTRUCCIÓN YA Y SOBRESEE! ¿LO ENTIENDES?... YA ¿O VAS A ESPERAR QUE NOS PASE LO MISMO QUE A JAVIER? Ángel Arozamena Laso. La segunda llega el 1 de febrero: «(...) Está muerto. Lo mataron como a un perro. Somos los siguientes... Y TÚ VAS EL PRIMERO. Tienes 5 días para sobreseer y levantar EMBARGO! !NO TE EQUIVOQUES LUIS ENRIQUE!». Los autores de las cartas se hicieron pasar por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Arozamena, en cuyo nombre las envían. En el remite escriben su dirección postal. El juez de Santander que las recibió dictó sobreseimiento provisional el 31 de enero, levantó los embargos y declaró un mes después por las amenazas. En su resolución dice que «el precio de una obra no puede dar nunca a incriminación penal, o acabarían siendo reos del delito el 99% de los constructores». El juez del 30 de Madrid autoriza vigilancias y seguimientos de los dos cabecillas, se les intervienen sus teléfonos y se colocan micros en sus coches. Los investigadores a esas alturas, con Javier en la UCI y su abogada fuera de combate , saben que las amenazas van a continuar. «Desprotegido» La duda es quién será el siguiente. Le toca al juez de Santander que instruye la querella de Javier contra los responsables de la promoción. Le llegan dos cartas a su casa instándole a que cierre el procedimiento y levante los embargos , decisiones que toma, según consta. Tras casi un año de pesquisas, los dos autores intelectuales son detenidos en Santander e ingresan en prisión el 19 de marzo. Con 60 y 57 años, casados y con hijos, cambiaron de sexo antes de ser detenidos. Se les imputa un delito de homicidio o asesinato en grado de tentativa, otros contra la Administración de Justicia y atentado a la autoridad judicial. Según el juez, buscaban lucrarse todo lo posible del negocio inmobiliario objeto de litigio a costa de desplumar a la víctima y que desistiera de todos los procesos judiciales —civiles y penales— en lo que estaban inmersos sabiendo que «en la mayoría de ellos serían condenados». «Me dejaron desprotegido pese a mis advertencias. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad», advierte Javier. Si tiene miedo, no lo dice. Y ya ha vuelto a ponerse la toga para buscar la justicia que le negaron.
