No es cosa menor lo que ocurre en la CFE, de Manuel Bartlett, y en Pemex, de Octavio Romero Oropeza, en relación con el desarrollo económico, social y político del país, toda vez que preservar la capacidad energética para el presente y futuro son condiciones prioritarias de un gobierno que debe ajustar su funcionamiento a lo mandatado en la Carta Magna.
La soberanía energética no debe responder a cuestiones ideológicas y menos ser bandera del populismo que justifica su errado accionar con políticas públicas que corresponden a otra realidad que se vivía en el siglo pasado.
Emular a Lázaro Cárdenas, padre de la expropiación petrolera (1938) o a Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica (1960) a fin de aumentar el nivel de electrificación a todo el territorio nacional es un ejercicio inútil de AMLO, toda vez que esas proezas se realizaron en otros tiempos y otras circunstancias, muy ajenas a las que se vive hoy en México en los albores del siglo XXI.
Al presidente López Obrador le correspondía hacer en estos cinco años y ante la carencia de recursos públicos para invertir en la generación, construcción de nuevas plantas eléctricas que funcionen con energías limpias, y líneas de transmisión; fortalecer la reforma energética que le heredó Enrique Peña Nieto en torno a consolidar los mecanismos mixtos de capital privado y público para mantener la oferta eléctrica por encima de la demanda. No lo hizo, escudándose en un nacionalismo obsoleto y retrógrado que solo provocó sumir al país en una crisis energética sin precedente.
Lo mismo ocurrió con el rescate de Pemex, que también está al borde de la quiebra financiera por evitar que los privados mantuvieran su ritmo de inversión que tenían en 2018, al sacarlos con políticas restrictivas.
Este es el legado de AMLO, Bartlett y Oropeza y que, para corregirlo, pasarán varios años más, si es que se decide apostarle a las energías limpias y al capital privado.
La próxima presidenta de México, sin importar quién sea, se sacará la rifa del tigre al recibir un gobierno que tiene nula capacidad de maniobra para invertir en el sector energético, ya que carece de los recursos públicos para hacerlo, de no ser por una reforma fiscal muy agresiva y con establecer un manejo muy escrupuloso y austero del presupuesto, que permita invertir en las obras prioritarias que requiere el país y no en ocurrencias que han colocado en quiebra técnica a las dos empresas productivas del Estado.
Los apagones son tan solo el resultado de las pésimas decisiones que tomó AMLO y sus dos escuderos en materia energética, con repercusiones económicas que implica perder por cada hora sin electricidad 200 millones de dólares y ello, sin contar el impacto en el sector de servicios, manufactura, alimentos, etcétera.
Esta apuesta que hizo el señor presidente fue perdedora y de consecuencias impredecibles para el futuro y que no solo compromete la viabilidad de Pemex y CFE, sino de las actuales y futuras generaciones.
La ciudadanía está ante una oportunidad dorada de cambiar el destino de México en las votaciones del 2 de junio, en virtud de que existen dos opciones perfectamente definidas: una, la que promete construir el segundo piso de la transformación y la otra, la que implica un total cambio de lo que ha hecho AMLO, por lo menos, en materia energética.
Desde el Congreso, hay voces que piden un golpe de timón al considerar a los inversionistas nacionales y extranjeros para invertir en el sector energético, postura contraria a la del presidente.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, llamó a cambiar la estrategia para la construcción de infraestructura en el sector eléctrico nacional, fomentar la inversión nacional y extranjera para la generación, transmisión y distribución de electricidad, a fin de evitar los apagones que, en los últimos días, afectaron a millones de mexicanos en 22 estados de la República.
Esta deficiencia en la distribución de energía eléctrica, además del daño en el bienestar y salud de las familias mexicanas, significa un grave riesgo para el sector productivo nacional y para el proceso de relocalización industrial, ya que podría afectar las decisiones de las empresas que quieren aprovechar la oportunidad del “nearshoring”, advirtió la diputada presidenta.
Subrayó que la producción y distribución de electricidad tiene importancia estratégica para el desarrollo del país, en un mercado global cada vez más enfocado en la sostenibilidad y la eficiencia energética y recordó que como nación, México se comprometió a cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, donde fijó como meta generar el 35 por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables para el 2024.
