“El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”. Con estas palabras, Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala, abría la puerta hace una semana a la posibilidad de destituir a la fiscal general. Era algo que buena parte de la población le había demandado desde que asumió el cargo y a lo que él mismo se había comprometido cuando ganó las elecciones en 2023.
En un mensaje transmitido el pasado 5 de mayo, el mandatario buscó disipar los señalamientos de tibieza contra su Gobierno por no actuar con más contundencia contra Consuelo Porras, que ha liderado investigaciones penales contra exfiscales anticorrupción, jueces y periodistas, y a la que se le atribuyen los intentos por evitar la investidura de Arévalo en enero pasado.
Al día siguiente, Arévalo cumplió con lo que había anunciado. Custodiado por Karin Herrera, su vicepresidenta, por sus ministros y por un grupo de ciudadanos a gritos de “fuera, Consuelo”, el mandatario recorrió a pie los 700 metros que separan el Palacio Nacional del Congreso de la República para entregar, en mano, una reforma a la ley que blinda a la fiscal que le permita apartar a la fiscal de su cargo. “Confiamos en que esta legislatura sepa entrar en la historia poniéndose del lado de la democracia y la justicia”, dijo en una breve rueda de prensa.
Lo que se presentaba como golpe sobre la mesa, que apuntaba a la posibilidad de un cambio en la fiscalía, se fue diluyendo a lo largo de la semana. El Congreso se reunió el martes, pero no trató la iniciativa por falta de cuórum. La escena volvió a repetirse el jueves por la mañana. Tras más de una hora de retraso, el presidente del Legislativo dio por finalizada la sesión con apenas 41 diputados en el pleno.
Desde que llegó al cargo, una parte de la población, entre ellas las personas que se encuentran en el exilio por investigaciones abiertas por la Fiscalía, han reiterado a Arévalo la necesidad de que destituyera a Consuelo Porras. Pero la ley se lo impide.
La Constitución de Guatemala sí autoriza al presidente de la República a apartar de su cargo al fiscal general “por causa justificada”. Esto permitió históricamente que el presidente de turno lo cambiara a antojo, por un perfil conveniente.
Pero en 2016 se hicieron varias reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que blindaron el cargo. La entonces fiscal general Thelma Aldana (hoy en el exilio) fue quien presentó la propuesta de reforma. La gestión de Aldana había iniciado investigaciones contra el Gobierno de Otto Pérez Molina cuando él aún estaba en su cargo, así que modificar la ley evitó que el mandatario tomara acciones en su contra.
Uno de estos cambios estableció que, para que el presidente separe al fiscal general, debe haber una sentencia que confirme que éste cometió algún delito. Esto implica que el puesto de fiscal general sea prácticamente intocable. Especialmente en el contexto actual de Guatemala, en el que buena parte de los tribunales de Justicia están alineados con un sistema corrupto.
Precisamente, comenzar a sanear este sistema es la intención con la que el Gobierno de Arévalo planteó la iniciativa de reforma de ley. El presidente hizo hincapié en que la llegada de un Gobierno progresista no es suficiente. En Guatemala, dijo en su mensaje, sobrevive “una minoría corrupta” y “la amenaza que representa para nuestra democracia es posible por la permanencia de la señora Consuelo Porras en el cargo de fiscal general del Ministerio Público”. Esto, añadió, “anima a las redes político-criminales a resistirse a los avances de la lucha contra la corrupción”.
Así, su propuesta busca encauzar la ley para que el presidente pueda destituir a la jefa del Ministerio Público sin necesidad de que haya una sentencia. En el nuevo documento se propone que “la falta de capacidad, idoneidad y honradez” podrán ser una causa justificada para la remoción. “Estamos corrigiendo un problema que se ha generado a través de estas reformas y evitando que el Ministerio Público quede al margen en una situación de impunidad, porque no rinde cuentas a ninguna entidad”, aclaró Arévalo el lunes en el Congreso.
El mandatario aseguró que propone un mecanismo para evitar que los fiscales generales cometan abusos de poder y que los gobiernos los manejen: “Es una reforma que busca que el Ministerio Público no vuelva a ser utilizado como un arma política por ningún gobierno. No lo haremos nosotros. Y buscamos que no lo hagan los gobiernos que vendrán después”, dijo el pasado domingo.
La iniciativa establece varios supuestos para que el presidente defina si la persona en el puesto de fiscal general tiene o no esa capacidad, idoneidad y honradez. Un detalle importante es que también blinda su decisión: no habrá cabida para ningún recurso contra la misma.
“Si se deja la ley muy abierta, podría ser un riesgo para los futuros fiscales generales”, dice a elDiario.es Edgar Ortiz, abogado especializado en derecho constitucional.
La propuesta del Gobierno de Arévalo envía también un mensaje entre líneas. Anthony Blinken secretario de Estado de Estados Unidos visitó el pasado martes Guatemala y se reunió con el mandatario para abordar temas migratorios. Estados Unidos ha jugado un papel clave en el país centroamericano. En los últimos años, ha sancionado a actores considerados corruptos. Entre ellos, la propia fiscal Consuelo Porras.
El Congreso debe ahora analizar la iniciativa, trasladarla a una comisión legislativa y comenzar así el proceso interno para aprobarse en pleno, en el que hay una mayoría opositora. Y ahí es donde el Gobierno de Arévalo se enfrentará a su primer reto: lograr los votos necesarios. El bloque legislativo de Semilla, el partido oficial, ya anunció que respaldará la iniciativa. Pero apenas suman 23 escaños y la propuesta necesita 107, por lo que deberá reunir 84 votos.
Algunos congresistas ya se han pronunciado en la red social X, dejando entrever que no se lo pondrían fácil a Arévalo. “Sus conflictos personales no deberían ser abordados en el Congreso de la República”, publicó Sandra Jovel, diputada del partido Valor, con seis diputados, y exministra de Jimmy Morales.
“Nosotros no imponemos ni compramos diputados”, explicó el lunes ante los medios Samuel Pérez, jefe del grupo de Semilla. “Cada bloque va a tener que hacer una reflexión sobre si está de acuerdo con una iniciativa que favorece a la democracia o si se va a posicionar del lado golpista”.
Las ausencias de los diputados opositores en las sesiones del martes y del jueves confirmó las sospechas. No parece haber un interés de la mayoría legislativa en sacar adelante una iniciativa que cambiaría el escenario político de Guatemala.
El día 5 por la noche, hora y media antes de que el Gobierno de Guatemala reprodujera el vídeo de Arévalo, y cuando aún no estaba claro qué comunicaría el presidente, el Ministerio Público anunció a través de un comunicado que presentaría un amparo ante el Tribunal Constitucional. Con este recurso, explicó, buscaba que el Constitucional ordenara al mandatario que se abstuviera de adoptar medidas para “tomar el control del Ministerio Público”.
El comunicado no especificaba cuáles serían estas medidas y únicamente hablaba de una “amenaza real, cierta e inminente” de acciones que “pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida” de la fiscal general.
El Constitucional, con una mayoría de magistrados afines a Consuelo Porras, analizó el amparo con una rapidez inusual. Antes de la medianoche de ese mismo día, lo admitió a trámite y dio un plazo de tres horas al Ejecutivo de Arévalo para enviar un informe detallado. El martes por la tarde amparó a Porras y ordenó al Gobierno que “se abstenga de todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atente contra el mandato” de la fiscal.
En paralelo a este espaldarazo, Consuelo Porras y su secretario privado, Angel Pineda, comparecieron en una conferencia de prensa en la que, de manera impetuosa y con varias imprecisiones y bulos, la fiscal general cuestionó la lucha anticorrupción de Arévalo y aclaró que “no recibe instrucciones ni en español ni en inglés”.
Porras también advirtió al presidente y a la vicepresidenta Herrera que “no están ni estarán por encima de ley”. La Fiscalía que lidera ha solicitado que se le retire la inmunidad para ambos en el pasado. En la rueda de prensa anunció que no descarta volver a hacerlo.
Quedará por ver esta semana si el Legislativo vuelve a poner en agenda la iniciativa del Gobierno guatemalteco y si, de hacerlo, logra los congresistas mínimos, ya no solo para aprobarla, sino para entrar a analizarla.
