El Partido Socialista y el Partido Popular han dado pasos adelante, tras meses de intermediación europea, en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aunque falta lo más importante: el sistema de elección.
La existencia de avances ha sido confirmada por el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo sin demasiadas concreciones, pero Confidencial Digital ha sabido que tras meses sin avances, los dos partidos han conseguido acordar una serie de cambios concretos en la línea de profundizar en la independencia judicial. No obstante, la remodelación del Consejo sigue enquistada porque los populares se niegan a cambiarlo aplicando el sistema de elección actual.
Uno de los acuerdos principales a los que han llegado los dos partidos se concreta en poner una barrera a casos como el de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado.
En concreto, los ministros abogados o con carrera en la judicatura que salgan del Gobierno no podrán volver a ejercer en la carrera judicial hasta que hayan pasado al menos dos años desde que abandonen el Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró a Delgado justo después de dejar de ser ministra de Justicia. Su sucesor, Juan Carlos Campo, también dejó el Ejecutivo la pasada legislatura y, tras su cese, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional.
Un caso semejante es el de Laura Díez, que obtuvo plaza en el TC seis meses después de haber ocupado un alto cargo en Moncloa como directora de Asuntos Constitucionales.
Precisamente, el acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP impediría estos casos en el futuro, aunque sí podrán ser nombrados o volver a ejercer una vez pasado ese periodo de dos años.
Otra de las pautas acordadas también se centra en la incompatibilidad con la participación en política. Del mismo modo que, tras ocupar un cargo en el Ejecutivo, será necesario esperar dos años para volver a la judicatura, tampoco podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan estado en política en el lustro anterior.
El tercer punto en el que han coincido PP y PSOE es limitar la importancia del voto de calidad de los presidentes del Consejo del Poder Judicial, para que sea una mayoría de vocales la que tome la decisión de nombrar a un magistrado y no se decante, en caso de empate, por el ‘voto doble’ del presidente.
Esta condición se aplicará -ha explicado Feijóo- para el nombramiento “no solo de magistrados de Tribunal Supremo, sino también de Tribunal Superior de Justicia y de las Audiencias Provinciales”, de forma que la decisión se adopte por un mínimo de 13 votos a favor.
El último de los pactos alcanzados en teoría no cambia nada: que sea el consejo el que vote al presidente. Es una característica que ya está en vigor, aunque, en la práctica, los vocales designados ‘obedecen’ a los partidos que les han nombrado y suelen votar al candidato acordado por las formaciones políticas aunque la elección del presidente no sea competencia de los partidos. En este caso, los populares no han especificado cómo evitar que los magistrados sigan lo mandatado por los partidos que los han designado para el cargo.
Estas propuestas no son del todo nuevas. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, las presentó dentro de las 60 medidas de “regeneración” que anunció en Cádiz en enero de 2023.
Un "plan de calidad institucional" previo a los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo que expuso en Cádiz, en el Oratorio de San Felipe Neri, en el que se promulgó la Constitución de 1812.
Feijóo se comprometió a cumplir con todas estas iniciativas en sus primeros 100 días de gobierno si alcanzaba La Moncloa en esas elecciones generales. Finalmente, no consiguió la mayoría necesaria para obtener la confianza del Congreso de los Diputados, pero Génova ha rescatado las propuestas sobre Justicia para llevarlas a las negociaciones sobre la renovación del CGPJ en marcha desde hace un trimestre.
Tras cinco años con el mandato caducado, y con las negativas de los populares desde la llegada de Pablo Casado a renovar el CGPJ, que solo puede hacerse por mayoría de tres quintos del Parlamento, el PP exigió al PSOE la intervención de un actor externo a modo de mediador: una responsabilidad que recayó en el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
El dirigente comunitario ha protagonizado dos reuniones, en las que han participado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con Las Cores, Félix Bolaños, y el vicesecretario de acción institucional popular, Esteban González-Pons.
Sin embargo, tras la convocatoria de las elecciones europeas para el 9 de junio, Reynders abandonó el cargo y ahora ambos partidos esperan a que Bruselas designe un nuevo interlocutor, que decante la balanza a favor de los socialistas o de los populares.
En Ferraz defienden que el CGPJ se debe renovar cuanto antes y con el sistema actual, por el que el Parlamento elige a los 20 vocales que forman el Consejo, mientras que Génova reclama que esa renovación vaya unida a una reforma del sistema de elección de los jueces, con el fin de evitar cualquier control político sobre el Poder Judicial, y que sean los propios magistrados quienes se elijan entre ellos.
Respecto a lo que sucede en los países europeos, el Parlamento o directamente los Ejecutivos —tanto nacional como en las distintas regiones— participan en la elección de los magistrados o del órgano de Gobierno de los jueces, pero las Cámaras no eligen a todos sus miembros.
