Polémica ha generado la idea de restablecer la justicia militar para los casos en que miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros cometen delitos cumpliendo labores de orden público.
La idea fue incorporada al proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante el debate en la Cámara de Diputados y declarada inadmisible por la misma Corporación, pero parlamentarios de oposición ya anunciaron que volverán a presentar una indicación en ese sentido en el Senado.
En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el abogado experto en derechos humanos, Nelson Caucoto, quien enfatizó en que ese sistema afectó profundamente las investigaciones de hechos ocurridos en dictadura y no generó sentencias en contra de agentes del Estado.
A juicio de Caucoto, actualmente se vive “un período de contingencia convulso”, donde “ya tenemos una ley Naín Retamal que reconoce situaciones de una legítima defensa reforzada en favor de los uniformados y ahora se pretende, por algunos, decretar una ley de amnistía para todos los violadores de derechos humanos en relación con los hechos de la revuelta. Además, tenemos a gente que ha denunciado que los fiscales están persiguiendo al general director de Carabineros, otros que esperan que se reponga la pena de muerte y ahora esto último, de que quieren que se reponga la justicia militar. A mí me parece que es extremadamente peligroso todo lo que se está proponiendo”, estimó.
Respecto a la justicia militar y a la manera en que afectó las investigaciones de violaciones a los derechos humanos en dictadura, el abogado recordó “el caso de los jóvenes quemados, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, donde todo era culpa de los jóvenes, ellos se quemaron a sí mismos. Eso es lo que se concretó en la resolución de sentencia judicial, pronunciada por un señor, un juez militar que está imputado por la justicia, Carlos Parera Silva y estaba además monitoreada, supervisada y liderada por una persona que murió en la cárcel, Fernando Torres Silva, el señor que era el operador de la justicia militar”, indicó Caucoto en referencia al fallecido fiscal militar y posterior auditor general del Ejército.
Según el abogado, no se trata de un asunto de “manzanas podridas” sino de un sistema que no funciona. “Conozco a los nuevos fiscales militares, que han llegado con una nueva mentalidad y no al servicio de la impunidad, sino que al servicio de las investigaciones, pero este no es un tema de buenas o malas personas, es un tema estructural, de que los fiscales militares están subordinados al mando militar al cual pertenecen”, argumentó.
Otro elemento mencionado por el abogado fue la gran cantidad de años en que investigaciones sobre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos se estancaron en la justicia militar. Caucoto ejemplificó con el caso de la Operación Albania, que estuvo un total de once años en dicho sistema y recién pudo cerrarse décadas más tarde, cuando fue traspasado a la justicia ordinaria.
“Un caso dramático es el de la Operación Albania que estuvo en la justicia militar y ahí se dictó el sobreseimiento definitivo, o sea, que no tenían ninguna culpabilidad los agentes del Estado que mataron a 12 jóvenes en junio de 1987. No, ellos murieron porque se enfrentaron al terrorismo y todo eso lo descubrió la justicia ordinaria y logró condenar a todos esos agentes”, dijo.
“Por eso digo, yo tengo una pésima impresión de lo que fue la justicia militar en dictadura y lo que puede ser la justicia militar en el tema de los derechos humanos. Jamás una causa de derechos humanos puede ser investigada por la justicia militar”, afirmó.
Caucoto además cuestionó el argumento de los parlamentarios de oposición, que durante los últimos días han apelado a la supuesta especialización de la justicia militar. “¿Especializada en qué? ¿En la impunidad en materia de derechos humanos? Que alguien me explique cuál es el fundamento de la justicia militar, ¿qué justifica la justicia militar? Ese sistema está desapareciendo en todas partes del mundo y Chile tiene el compromiso de disminuir todo lo que es la competencia de la justicia militar. La justicia militar a lo mejor tendrá que ver un caso de desobediencia de un subordinado respecto de un superior y va a tener gran importancia si entráramos en un período de guerra, pero, ¿especializada en qué? No tiene ninguna especialización”, aseguró.
Finalmente, el abogado experto en derechos humanos espera que no se restablezca la justicia militar, ya que esa misma experiencia, en tiempos de dictadura “trajo mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha pena, mucha angustia en chilenos que fueron inocentes y condenados por esa justicia”, concluyó.
