El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han blindado las elecciones catalanas. La defensa desde Rusia a Carles Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa, de cara a la jornada electoral, la injerencia de Moscú en la preparación del ‘procés’ y la campaña de desinformación durante el 1-O. Las autoridades se han movilizado ahora para reaccionar ante cualquier amenaza.
Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes gubernamentales conocedoras del dispositivo, el Ejecutivo central, en coordinación con la Generalitat, ha puesto en marcha un gabinete de crisis para garantizar la limpieza del proceso electoral.
Lo integran por expertos del Ministerio del Interior y del Centro Criptológico Nacional, junto con representantes del Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI) y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
Entre sus funciones se encuentra supervisar el trabajo de Indra, la firma a la que se ha adjudicado el recuento provisional de votos el domingo. La Generalitat ha encargado a esta empresa la recogida y difusión de los datos de escrutinio al final de la jornada electoral.
La adjudicación a Indra se ha tramitado por “procedimiento de emergencia”, justificado por el adelanto electoral anunciado el pasado mes de marzo el president, Pere Aragonès.
El resultado ha sido un precio inicial que representa el doble de lo fijado en el año 2021: de 1,5 a 3 millones de euros. Es la única compañía que ha presentado oferta, pues no hay otra firma alternativa después de la caída de Scytl, que ya ha solicitado un segundo concurso de acreedores.
El escenario exige esta vez una actuación frente a ciberataques, injerencias rusas y bulos. Ante la existencia de esta posibilidad, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, el Gobierno ha desplegado también un plan para “evitar un escenario caótico”.
Si se produjera durante la noche electoral una alteración de los datos provisionales que se ofrecen, eso no cambiaría el resultado final, puesto que el escrutinio válido se realiza con las actas de las mesas, pero crearía confusión en la ciudadanía y dañaría la confianza en el sistema democrático.
En Interior y en el Govern admiten que, en un caso extremo, está previsto que la aplicación tecnológica de Indra suspenda la difusión de los resultados, y que no se sumen los resultados que vayan llegando desde las mesas.
La mayor preocupación se centra en el periodo que va desde el cierre de los colegios (a las ocho de la tarde del domingo) hasta la proclamación de los resultados definitivos, que suele producirse entre el tercer y el sexto día siguientes a la jornada electoral.
El gabinete de crisis ha evaluado los riesgos a los que se enfrenta el recuento provisional del domingo, y las principales amenazas que se han analizado, y la más destacada sería un ataque de denegación de servicio a la web a través de la cual se irán difundiendo los resultados provisionales, con una replicación de la misma.
Tanto un apagón en la difusión del recuento, como una proliferación de páginas falsas con datos erróneos, causarían considerable inquietud, en un país acostumbrado a disponer de resultados fiables pocas horas después del cierre de las urnas.
Así las cosas, se han extremado las medidas de seguridad con el fin de atajar intentos de falsificar la web oficial.
Se ha activado un dispositivo que facilite una orden judicial de cierre de las webs fraudulentas con efectos inmediatos.
El Gobierno ha consultado a países que han sufrido campañas de desinformación en sus procesos electorales, cuentan las fuentes consultadas.
Varios informes de inteligencia han recogido que Josep Lluís Alay, estrecho colaborador de Carles Puigdemont, viajó a Moscú en 2019 para buscar el apoyo de Rusia a la independencia de Cataluña.
Según publicó The New York Times, Alay, que es el jefe de la oficina que tiene Puigdemont como expresidente de la Generalitat, se reunió en Rusia con funcionarios rusos, ex agentes de inteligencia, y con el nieto de un espía del KGB. El objetivo era garantizar la ayuda rusa para lograr la independencia.
Poco después de esas visitas de Alay a Rusia, estallaron las protestas en Cataluña contra la sentencia del ‘procès’. La más multitudinaria fue la que protagonizó la plataforma ‘Tsunami Democrático’. El diario neoyorquino apuntó que pudieron estar detrás los servicios secretos rusos, como parte de una estrategia de desestabilización en Occidente.
Además, la Policía informó en su día que agentes de un grupo militar especializado de inteligencia rusa, que ha sido relacionado con intentos de golpes de Estado, estuvieron presentes en Cataluña en octubre de 2017.
En el marco del caso Volhov, que instruye un juzgado de Barcelona, se ha conocido que Víctor Terradellas, antiguo dirigente de Convergencia, reveló a líderes del ‘procès’ que un jefe de un grupo ruso había ofrecido a Puigdemont “contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana” para apoyar la independencia de Cataluña, pero que el expresident “se cagó”, según recogió el auto.
Terradellas, también muy próximo a Puigdemont, ofreció a políticos rusos el apoyo de Cataluña a la anexión rusa de Crimea a cambio del reconocimiento del Kremlin de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
En el independentismo siempre se ha contestado que cualquier insinuación de que Puigdemont buscaba apoyo ruso era “una historia inventada por Madrid y la Guardia Civil”, si bien aquellos contactos fueron aplaudidos en su día por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), entidad que ahora llama a manifestarse a favor de Ucrania.
El entorno de Puigdemont atribuye las informaciones a la “guerra sucia” contra el secesionismo. “El único objetivo es criminalizar y desprestigiar el independentismo catalán ante la comunidad internacional, presentándolo como un elemento desestabilizador”, afirman.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia calificó de “falsa” y “carente de pruebas” la presunta injerencia en Cataluña, y criticó a los medios por “creer en semejantes ‘fake news’”.
Pero los flirteos han existido. En 2019, Puigdemont protagonizó una campaña de entrevistas en los medios oficiales rusos en los que expresó posiciones críticas con la UE y otras muy del agrado del Kremlin, como la anexión de Crimea o la guerra en el Donbás, apoyando la integración de Donetsk y Lugansk en la Federación Rusa. Defendió también el levantamiento de sanciones a Moscú por la invasión de Ucrania.
