El martes, se publicó la ley impulsada por los diputados Gloria Navas y Gilberth Jiménez, con la firma del presidente Rodrigo Chaves.
La ley para castigar las extorsiones relacionadas con los créditos gota a gota, hasta con 15 años de cárcel, entró en vigor el pasado martes 7 de mayo al salir publicada en el diario oficial La Gaceta, un mes y cinco días después de su aprobación definitiva en el plenario de la Asamblea Legislativa.
La reforma la impulsaron la ahora diputada independiente, Gloria Navas, y el legisladora de Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, quienes se desempeñaron como presidenta y secretario de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en el segundo año legislativo.
Con la firma del presidente de la República, Rodrigo Chaves, rigen las siguientes penas fijadas por la ley 10.741:
-De cuatro a ocho años de prisión a quienes empleen amenazas e intimidación para obligar a un deudor o a sus familiares a pagar, ya sea que lo hagan de forma personal, mediante terceros o alguna otra forma de comunicación.
-De cinco a 10 años de cárcel si la amenaza o intimidación se dirige contra menores de edad, adultos mayores o personas en vulnerabilidad, o si participan dos o más personas en el delito. La sanción se agravaría si existe agresión física o psicológica de la víctima, si se emplean armas o se causan daños a la propiedad.
-Hasta 15 años si la extorsión puede calificarse como una operación de crimen organizado, cuando lo cometan bandas estructuradas y sistemáticas, según las normas internacionales y la ley contra la delincuencia organizada.
Días atrás, la diputada Gloria Navas hizo un reclamo público, en el plenario del Congreso, porque la Presidencia no había firmado la ley ni la había remitido a su publicación en el diario oficial.
Esta norma es parte de la agenda de seguridad ciudadana acordada por los supremos poderes.
Supremos poderes piden dar vía rápida a 10 proyectos sobre seguridad ciudadana
A diferencia de otras leyes, la ley fue firmada en Presidencia sin un acto público, ni invitados del Congreso.
El proyecto fue construido, originalmente, en el seno de la comisión que Colegio de Abogados para tratar de reducir la inseguridad. Luego, fue acogido por Gilberth Jiménez y Gloria Navas.
El diputado Jiménez declaró que el atraso en la publicación y el silencio en torno a su firma posiblemente se deben a que el presidente Chaves personaliza los choques que ha tenido con la diputada Navas.
No obstante, destacó que ya esté publicada la ley y que ahora se tipifique una práctica que antes no estaba determinada como delito, porque “eso era muy necesario”.
“Ahora, estos sujetos podrán ser encarcelados. Hay mucha situación de vulnerabilidad en personas que necesitan financiarse y los delincuentes se aprovechan, y cada vez exigen más, amenazan con que saben dónde viven los deudores, sus familiares, sus hijos. Les empiezan a exitir cuotas y tasas cada vez más altas, y cuando no se puede pagar, entonces amenazan”, puntualizó el liberacionista.
“Con esto, estas personas ya tienen una gran oportunidad para denunciar y que el Poder Judicial pueda brindarles protección y seguridad, para que estas personas no sigan siendo víctimas”, comentó Jiménez.
