La plataforma Escuela de Todos ha elaborado un informe en el que se desvela la profunda desigualdad existente entre las pruebas de acceso a la universidad de las distintas comunidades autónomas. En la circunstancia actual, hay diecisiete modelos de examen de EBAU diferentes, aunque, una vez obtenida la calificación, los estudiantes pueden optar en igualdad de condiciones a cualquier plaza universitaria en todo el territorio español, que funciona como un distrito único. El modelo actual, según desvela este informe, introduce desigualdades indeseables ya que no existe un único patrón de exigencia ni tan siquiera una homogeneidad en los contenidos evaluables. De este modo, los estudiantes de algunas autonomías pueden verse perjudicados a la hora de competir por las mismas plazas con alumnos de otros territorios. Este sistema de docencia y evaluación tan atomizado introduce, además, un sesgo que hace imposible distinguir la excelencia en el rendimiento académico de nuestros jóvenes. La educación es un instrumento esencial para garantizar la equidad entre todos los ciudadanos. De hecho, el esfuerzo y la meritocracia son dos de los instrumentos niveladores esenciales para garantizar el funcionamiento del ascensor social. Sin embargo, la fragmentación territorial de las pruebas ha roto cualquier unidad de medida compartida que nos permita tener una imagen razonablemente fiel del rendimiento escolar de los estudiantes preuniversitarios. El estudio de Escuela de Todos evidencia, además, que algunas comunidades han ejercido de forma desleal su autonomía. Desde el Ministerio de Educación se proponen una serie de contenidos mínimos y un reparto por bloques que no siempre se ha respetado. El informe, que audita las asignaturas de Lengua Castellana, Matemáticas e Historia de España, muestra que solo cuatro regiones (Aragón, Cantabria, Castilla y León y Extremadura) cumplieron con los criterios de Lengua. En el caso de Historia de España, Cataluña, Valencia y País Vasco dejaron sin evaluar más del 70% de los contenidos que recoge como obligatorios el Ministerio. La situación no es más esperanzadora en matemáticas. La situación es grave y deberían comenzar a evaluarse políticas públicas que sirvieran para reforzar la igualdad de oportunidades entre nuestros alumnos. No está escrito en ningún lugar que la gestión autonómica no pueda emplearse para desarrollar políticas públicas convergentes y, por lo menos, debería hacerse imperativo el cumplimiento de los contenidos comunes y mínimamente exigibles. El Ministerio de Educación presentó en marzo un borrador de Real Decreto para regular las pruebas de selectividad para el año 2025. Sin embargo, ese documento no facilita la generación de un nuevo marco común y persiste, con la excusa de la autonomía de las comunidades, en reforzar la desigualdad entre nuestros estudiantes.
