El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha enviado este lunes una carta al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres en la que anuncia que presentará una alegación contra las «inexactitudes, falsedades y omisiones» del informe elaborado, a petición del Gobierno, por tres relatores sobre la Memoria Histórica. En concreto, acerca de las Leyes de Concordia elaboradas, además de en la comunidad aragonesa, en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El barón popular denuncia que éste cuanta con información «interesada y sesgada» suministrada únicamente por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y se lamenta por no haber sido citado como parte aludida. «Dicha garantía jurídica y democrática hubiera evitado la indefensión que ahora nos vemos obligados a invocar. Esta exclusión del Gobierno de Aragón socava gravemente la objetividad del Informe y la obligada imparcialidad de sus conclusiones«. Azcón, que ya calificó de «bulo» el texto de estos tres trabajadores independientes que colaboran con la ONU —Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz— explica que Aragón no ha aprobado ninguna ley de concordia, a diferencia del Plan que piensa aprobar en próximas fechas. Lo que sí hizo el Parlamento autonómico a mediados de febrero fue derogar la ley de memoria democrática autonómica (Ley 14/2018 ), al entender que «imponía un relato sesgado y realizaba una interpretación partidista de la historia«. Noticia Relacionada estandar No El Gobierno llevará al Constitucional las leyes de memoria autonómicas impulsadas por el PP y Vox Marta Martínez «La ley idealizaba la Segunda República, enlazando este período convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual; condenaba los crímenes y atrocidades cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los cometidos por el otro ; y limitaba la definición de «víctimas» a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra«, justifica el presidente regional en la misiva. Además, el líder del PP en Aragón insiste en que esta derogación no invisibiliza «las graves violaciones de derechos humanos» cometidas durante la dictadura. «Prueba de ello es que el propio Preámbulo de la `[Ley 1/2024 (que sustituye a la anterior) dispone que la derogación de la Ley 14/2018 'no impedirá que las Administraciones Públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales». De hecho, el presupuesto del La contestación del Gobierno aragonés a lo expuesto por los relatores desmiente que se haya suprimido el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática o el mapa de fosas comunes de Aragón. También defiende los trámites de justificación para subvenciones a proyectos públicos de memoria histórica como una «imposición legal regulada en la legislación española, propia de un Estado de derecho y democrático». Algo que el informe de la ONU criticaba por dejar en una «situación incierta» las transferencias de dinero público.
