La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado esta mañana en qué consistirá el "Observatorio contra la corrupción y el fraude sanitario", un organismo de nueva creación que su departamento se ha comprometido a poner en marcha para "prevenir y frenar todos los comportamientos ilícitos y fraudulentos que dañan la salud de la sanidad, la sociedad y de la democracia". Según ha destacado, el Observatorio se encargará de "profundizar en la transparencia" y facilitar "el cumplimiento de la legalidad, muy especialmente de la legislación de contratos del sector público".
En primer lugar, se encargará de la elaboración de un manual de prácticas de qué no hacer en la contratación pública. En segundo lugar, se va a crear un mapa de riesgos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), destinado a identificar los puntos críticos donde se concentran la corrupción y el fraude sanitario. Y, por último, se va a desarrollar un intenso calendario de colaboración con todos aquellos órganos y organismos nacionales e internacionales que tengan atribuidas funciones de vigilancia en la contratación. "Nos estamos jugando la salud de los ciudadanos y también su confianza en nuestras instituciones", ha apuntado García.
La orden ministerial por la que se que constituye este órgano, publicada el pasado 26 de abril, define que será la propia ministra la que presidirá el órgano, que contará también con la presencia del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla; la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas; o el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, entre otros responsables de las principales instituciones sanitarias del país.
Al igual que la publicación de esa orden se hizo el mismo día de la sesión de control al Gobierno en el Senado por el "caso Koldo" García ha vuelto a elegir un día marcado por el escándalo del mismo caso de corrupción para sacar a colación "su" Observatorio, el día en el que el ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos ha comparecido ante el Senado para dar explicaciones sobre la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas.
La coincidencia –buscada o no– ha indignado a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. "Es una idea peregrina más de la ministra de Sanidad, buscando otro titular detrás de la pancarta; otra cortina de humo para tapar el caos de su ministerio", ha declarado a este periódico.
"García obvia y olvida que España es un estado de derecho donde la separación de poderes existe como principal garantía de justicia y equidad para el ciudadano. La ministra nos tiene ya acostumbrado a querer ser siempre juez y parte. Y lo hace hablando de corrupción sanitaria precisamente hoy, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte, se enfrenta a graves problemas de corrupción", añadió.
En esta línea, la consejera también ha aprovechado para pedir a la ministra que "deje de entrometerse en todo tipo asuntos" y se centre en los que son "de su exclusiva competencia", como "dotar de una mayor y mejor financiación a la sanidad pública, solucionar los problemas de la falta de profesionales sanitarios o acreditar más plazas para residentes, por citar algunos temas pendientes".
Además, Matute ha querido poner como ejemplo de la hipocresía del ministerio que dirige Mónica García lo sucedido la semana pasada con el Plan Antitabaco. Cabe recordar que el martes pasado el Consejo de Ministros dio luz verde al Plan Integral de Prevención del Tabaquismo (PIT) 2024-2027, un proyecto que desató mucha polémica en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS del pasado 5 de abril y al que la mayoría de las comunidades autónomas se acabaron sumando dejando claro que, pese a que compartían el objetivo de "alejar a la población de las adicciones", discrepaban "en el modo de aplicarlo que proponía Sanidad". Además, Matute sostiene que las autonomías no habían aprobado "ningún Plan Antitabaco", porque en el Pleno del día 5 este asunto era un solo un "punto informativo".
En opinión de la consejera, este es un claro ejemplo de que "no se respetó la lealtad institucional y no se actuó con la mayor de las transparencias e información hacia las CC AA cuando hubo oportunidad de hacerlo".
