El exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Óscar Alfaro Zamora (2010-2014), concilió con la Fiscalía para evitar un juicio en el que se le acusaba de estafar al Estado, al cobrar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contratos falsos de alquiler de vehículos, con motivo de los comicios del 2010.
El Ministerio Público le achacó haber ideado un plan para que personas cercanas a la agrupación verdiblanca suscribieran esos contratos, por ¢17 millones, a pesar de que los servicios nunca se brindaron. De acuerdo con la acusación, Alfaro ejecutó ese plan, “de común acuerdo” con el entonces tesorero del PLN, Jorge Wálter Bolaños Rojas, para después solicitar el reembolso al TSE.
Alfaro, Bolaños y otras tres personas, de apellidos Rodríguez, Vargas y Madrigal, fueron acusados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el 14 de diciembre del 2017, por los supuestos delitos de estafa mayor, infracciones al Código Electoral y falsificación de documentos que la ley equipara como documentación pública.
Sin embargo, evitaron llegar a juicio gracias a una conciliación con el Ministerio Público. Los cinco llegaron a un arreglo en momentos distintos, entre el 2019 y el 2021. “Se concilió con todos los imputados, porque la ley faculta resolver estas controversias penales mediante salidas alternativas. En este caso, hubo anuencia de todas las partes”, consignó por escrito la Fiscalía, ante consultas de La Nación.
No obstante, no detalló en qué consistió el acuerdo alcanzado o si existió un pago por parte de quienes fueron imputados. “Los acuerdos conciliatorios son de carácter confidencial”, agregó el Ministerio Público.
Sí precisó que la causa número 12-000832-0042-PE “se encuentra con resolución de sobreseimiento definitivo” por el acuerdo, con excepción de una de las personas, quien no ha cumplido con la conciliación “y se encuentra actualmente en rebeldía”.
El Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó que, en efecto, el Juzgado Penal de San José ya dictó un sobreseimiento definitivo para Óscar Alfaro, Jorge Wálter Bolaños y las personas de apellidos Rodríguez y Vargas. En cambio, Madrigal está declarado en rebeldía.
Erick Ramos, abogado de Óscar Alfaro, dijo que no le interesaba hacer públicas las consideraciones que se tomaron en cuenta para conciliar, porque “son personalísimas”. Insistió en que no hubo un intento de estafa, ni una erogación de fondos públicos.
Explicó que, en ocasiones se aplica una medida alterna, como la conciliación, no porque la persona sea culpable, sino por un tema de costo y oportunidad, para evitar un proceso judicial que se puede prolongar por años. Cuando se le consultó si se podía saber el monto que acordaron pagar, respondió: “Me parece que no tiene ningún interés público este tema y además, me parece que ya no es de interés actual”.
Este diario intentó hablar con Bolaños, pero no respondió a las llamadas hechas a su teléfono celular, ni al mensaje de texto enviado por WhatsApp.
El Ministerio Público investigó este caso a raíz de una relación de hechos que le envió el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, luego de revisar la liquidación de gastos que el PLN envió por las elecciones nacionales del 2010, con el objetivo de acceder a recursos de la contribución estatal.
En esa contienda, Óscar Alfaro era candidato a diputado por San José y resultó electo en las urnas el 7 de febrero de ese año.
Tras la denuncia del tribunal electoral, la Fiscalía abrió un expediente judicial, en donde consta el testimonio de “dos testigos de la corona”, quienes revelaron el supuesto plan delictivo para estafar al Estado con la deuda política del 2010.
Los presuntos hechos fueron revelados por Ericka Piedra Morera y José Roberto Sibaja Molina, quienes trabajaron en el equipo de campaña de Alfaro en el cantón central de San José, como secretaria y chofer, respectivamente.
Apoyada en sus testimonios, la Fiscalía pidió al Juzgado Penal de San José la apertura a juicio. Eso ocurrió en diciembre del 2017. A Piedra Morera y Sibaja Molina, como “testigos de la corona”, se les concedió un criterio de oportunidad. Se les liberó de la acusación principal, a cambio de brindar información esencial para esclarecer lo sucedido.
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Según la denuncia de la Fiscalía, Óscar Alfaro conformó un equipo de trabajo no solo con el objetivo de ser electo legislador, sino también para “generar fondos líquidos para la campaña electoral 2006-2010″.
La fiscala auxiliar Diana Hernández –a cargo del caso– señaló a Jorge Wálter Bolaños como la persona que “ideó y empezó a ejecutar acciones para obtener fondos de manera ilegal”.
De acuerdo con Hernández, él fue quien redactó el machote de los contratos de alquiler de autos y lo distribuyó entre las dirigencias verdiblancas, para luego aprobarlos con su firma y cobrarlos al TSE.
La Fiscalía argumentó que, entre el 3 de noviembre y el 15 de diciembre del 2009, a sabiendas de que los contratos serían avalados por Bolaños, Óscar Alfaro “inició acciones para utilizar esos contratos y simular negocios de alquiler de vehículos con personas cercanas a él” y de su secretaria, la testigo de la corona, Ericka Piedra Morera.
Los supuestos contratistas fueron amigos y colaboradores de las empresas personales del exdiputado.
En la acusación se consignó que Ericka Piedra, por órdenes de Óscar Alfaro, remitió los contratos al PLN, donde fueron firmados por el tesorero Jorge Wálter Bolaños, “conociendo que se trataba de contrataciones ficticias para concretar su plan delictivo”.
Posteriormente, entre noviembre del 2009 y enero del 2010, el PLN hizo tres emisiones de cheques para cancelar los alquileres de vehículos.
De seguido, según la denuncia de la Fiscalía, Ericka Piedra y el chofer José Roberto Sibaja emitieron firmas falsas en la parte posterior de decenas de cheques, simulando un endoso, para cambiarlos y depositar el dinero en una cuenta bancaria de una sociedad anónima del exdiputado Alfaro, en el BAC San José.
Se trata de la empresa OAZ Inversiones S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo, desde su constitución, era Óscar Alfaro.
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Una vez que el dinero ingresó a las cuenta de esa compañía, el exdiputado verdiblanco habría tomado los recursos para donárselos a Liberación Nacional, mediante el pago de la planilla de su equipo de colaboradores en el cantón de San José; y para la adquisiciones de bienes y servicios de asesoría en comunicación.
En total, el comando de campaña de Alfaro habría emitido contratos de alquiler de vehículos con 11 personas físicas o jurídicas distintas, los cuales, en conjunto, sumarían ¢17 millones.
Ese monto fue incluido en la liquidación de gastos que el PLN entregó al TSE y fue reintegrado al partido en noviembre del 2010.
Las donaciones hechas por Alfaro son catalogadas por la Fiscalía como ilegales. El Código Electoral prohíbe que los partidos políticos reciban aportes en efectivo o en especie de personas jurídicas.
Por eso, el Ministerio Público no solo imputó a Óscar Alfaro por un presunto delito de estafa mayor, sino que también lo acusó de violar el artículo 274 del Código Electoral, el cual sanciona con una pena de prisión de dos a cuatro años, ese tipo de contribuciones.
Por ese mismo hecho fue denunciado Jorge Wálter Bolaños, pero por recibir las donaciones en su calidad de tesorero de Liberación.
A los otros imputados de apellido Rodríguez y Madrigal también se les acusó de estafa mayor, mientras que acusó a Vargas por una aparente falsificación de documentos que la ley equipara como documentación pública, por supuestamente introducir “datos falsos en el segundo endoso de seis cheques, propiamente su firma y número de cédula, a sabiendas de que los beneficiarios no le habían entregado esos títulos valores para hacerlos efectivos”.
