Bruselas. El ambicioso Pacto Verde de la Unión Europea nació como un gran proyecto unificador de voluntades políticas, pero se convirtió en el centro de agrias protestas y ahora corre el riesgo de representar un freno a la regulación ambiental.
“El Pacto Verde es nuestra estrategia de crecimiento”, dijo en 2019, al lanzar el proyecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien destacó la ambiciosa meta de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero.
A continuación, la Comisión puso en marcha decenas de proyectos de ley para que la UE pudiera cumplir los objetivos.
Sin embargo, cinco años más tarde industriales y agricultores se quejan de la carga normativa y la burocracia, al punto que diversos países han sugerido la necesidad de una pausa regulatoria.
En ese proceso se aprobaron piezas importantes del Pacto, como el fin de los automóviles con motores de combustión interna para 2035, el impuesto al carbono en la frontera o el bloqueo a productos resultante de la deforestación.
En abril de este año los eurodiputados también validaron textos sobre la contaminación del aire, el tratamiento de aguas residuales o incluso los envases ecológicos al prohibir los contenedores de plástico de uso único en cafeterías y restaurantes para 2030.
No obstante, a partir de 2023 el proceso sufrió tropiezos importantes, como las críticas a la legislación para reducir los pesticidas o la restauración de ecosistemas.
Bajo la presión de partidos nacionalistas y de la extrema derecha, el mayor bloque político del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE), pasó a convertir el tema en una cuestión electoral.
Para el eurodiputado alemán Peter Liese, del PPE, es “difícil hacer realidad la transición en la industria y también entre los ciudadanos”.
“Es posible que el Pacto Verde no sea popular en términos electorales, porque los conservadores buscan oponer la industria o la agricultura a la cuestión climática. Eso es irresponsable”, respondió la eurodiputada española Iratxe García, líder de los socialdemócratas europeos.
Un Parlamento Europeo con fuerte tendencia derechista posiblemente bloquearía la legislación medioambiental necesaria para después de 2030, o incluso complicaría la aplicación de los textos ya aprobados.
Así, Von der Leyen ya abrió la puerta a una autorización a los “combustibles sintéticos” para automóviles más allá de 2035.
Para Phuc-Vinh Nguyen, del instituto Jacques Delors, la idea de una pausa regulatoria es un “error ideológico” porque podría legitimar los ataques que buscan mover la discusión hacia la implementación y las consecuencias del Pacto Verde.
Esta postura fue expuesta claramente por el conservador viceprimer ministro italiano Antonio Tajani.
La UE, dijo, “debe abandonar su posición extremista e ideológica: la industria y la agricultura no pueden ser penalizadas por objetivos medioambientales inalcanzables”.
En este marco, ante el descontento agrícola, la UE propuso una flexibilización de las normas ecológicas de la Política Agrícola Común (PAC), que fue aprobada en abril.
Von der Leyen, figura del PPE y aspirante a un nuevo mandato, ya pidió una “nueva fase” del Pacto Verde centrada en la “competitividad”.
Neil Makaroff, del grupo de expertos Strategic Perspectives, apuntó que la próxima legislatura podría aspirar a un “plan de reindustrialización” que complemente el Pacto Verde.
Un grupo de 600 empresas firmaron una Declaración en que pidieron “medidas que corrijan” las regulaciones para “eliminar inconsistencias y complejidades innecesarias”. El objetivo, señalaron, es “dejar que los empresarios prosperen para encontrar las mejores soluciones”.
