Está por terminar un nuevo ciclo de gobierno. Es evidente para todos, que muchas de sus iniciativas han resultado muy controversiales, inclusive antidemocráticas. Es por ello por lo cual, en las próximas elecciones, considero que debemos ser muy cuidadosos, reflexivos y menos viscerales al momento de ejercer nuestro sufragio, ya que claramente, se están confrontando dos visiones de gobernanza radicalmente opuestas.
Con el afán de no poner etiquetas a estas dos vertientes, desde mi punto de vista, uno de los temas básicos que debemos tener en cuenta para fundamentar nuestra decisión final al votar, es analizar la forma en que la administración en turno ejerce el presupuesto de recursos que los mexicanos, a través de nuestros impuestos, ponemos a su disposición.
Dicho de otra forma, se puede definir el perfil ideológico de quienes nos gobiernan en base a su forma de aplicar el gasto, en los diversos rubros estratégicos del país.
Revisando información oficial proveniente principalmente del INEGI, durante los más de 5 años del gobierno en turno, queda clara la orientación asistencialista en virtud del incremento en los recursos dirigidos a los Programas Sociales, como son el apoyo a adultos mayores y el de jóvenes construyendo el futuro. Por otro lado, otra cantidad no menos significativa de recursos ha sido direccionada para apuntalar y dar soporte a un quebrado PEMEX y un muy desgastado CFE, esto de acuerdo con la estrategia nacional de autosuficiencia energética que tanto defienden.
También tenemos en una proporción menor, sin dejar de ser importantes, las inversiones en los proyectos estructurales insignia promovidos directa e intensamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal es el caso del TREN MAYA, REFINERÍA DE DOS BOCAS y AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ANGELES.
En cuanto a estos grandes proyectos y los programas anteriores, cabe resaltar que han sido seriamente cuestionados por una buena parte de la sociedad civil, así como por los principales líderes de opinión nacional e internacional por su opacidad, falta de estudios de viabilidad y nulas reglas de operación, por mencionar lo mínimo. En algunos casos, a fin de no ser objeto de escrutinio y revisión, se han reservado el derecho a transparentar la información de los proyectos insignia, clasificándolos como asuntos de seguridad nacional.
Siguiendo con este mismo orden de ideas, por las dimensiones del ejercicio presupuestario a la fecha, ha sido necesario contratar más deuda, misma que a esta fecha, representa aproximadamente el 48% del PIB. Ciertamente, puede no tratarse de una proporción muy elevada, sin embargo, dados los fundamentos económico-estructurales de nuestro país, esta proporción empieza a preocupar a las calificadoras internacionales, quienes con su evaluación nos permiten mantener nuestro grado de inversión y con ello poder mantener todos los capitales “golondrinos” invertidos en México, gracias a las tasas de interés tan atractivas que se están ofreciendo a los mercados internacionales.
Todo lo dicho, no significa ni implica que macroeconómicamente estemos al borde de un desastre. Sin embargo, esta forma de ejercer el gasto público puede poner en riesgo otros apartados estratégicos y fundamentales para el desarrollo integral de nuestro país.
