Deberán pagar 290 euros por cada mes de becarios que pretendan "regularizar" para que les cuente en la pensión
Los sindicatos han criticado el afán recaudatorio del Estado al obligar a abonar 290 euros por mes a los trabajadores que quieran que sus periodos como becarios anteriores al pasado 1 de enero sean tenidos en cuenta a efectos de cotización para su jubilación.
La publicación en el BOE del 1 de mayo, Día del Trabajo, de la Orden "por la que se regula la suscripción del convenio especial con la Seguridad Social (...) por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas" ha desatado las criticas también entre la comunidad científica.
Para empezar, UGT ha mostrado su rechazo en un comunicado en el que estima que la Orden Ministerial que recoge las condiciones por las que las antiguas personas becarias podrán suscribir dicho convenio ha sido tramitada sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales, cuyas aportaciones para mejorar la medida fueron ignoradas, y sin escuchar las reivindicaciones de los colectivos afectados. "Por ello, el resultado es una medida impopular, que incumple los principios básicos del Estado del Bienestar de justicia social y equidad contributiva", denuncia UGT.
Según remarca UGT, la disposición en cuestión obliga a cotizar dichos períodos a coste actual de las cotizaciones, aunque estos se realizaran 20 o 30 años atrás y exige a la persona becaria a asumir el coste de la parte empresarial.
Además, el sindicato subraya que la norma "supone una discriminación adicional con los períodos de prácticas actuales, a los que se les está concediendo una bonificación de cotizaciones del 95%, mientras que al resto de personas afectadas se les exige abonar el 100% de la cuota íntegra, incluyendo la parte empresarial".
Condicionar el reconocimiento de estos periodos al pago de una cantidad por parte de la persona afectada, "da lugar a una perversión del sistema de pensiones y limita su uso para tan solo unas pocas personas, las que puedan asumir el coste", añade UGT, para el que "es de justicia" la protección de las personas becarias e investigadoras, especialmente los que están a las puertas de la jubilación y requieren de estos periodos para poder optar a la jubilación contributiva mínima.
Por su parte, la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH), la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) y la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) han reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que rectifique la regulación de la cotización retroactiva de los becarios de investigación.
Las asociaciones, como en el caso de los sindicatos, advierten de que el nuevo convenio especial supone "una carga económica inasumible para una gran parte de la comunidad científica" implicada al considerarse cotizaciones a valores del 2024 para becas anteriores a 2006.
En este contexto, recuerdan que, después de muchos años insistiendo en que la carrera científica sea considerada como una actividad laboral de pleno derecho en todas sus fases de desarrollo, se consiguió que la Ley de la Ciencia de 2011 estableciera la obligación de la contratación laboral desde el inicio de la etapa de investigador predoctoral, con plena cotización a la Seguridad Social.
Sin embargo, señalan que antes de esa fecha una buena parte del personal investigador en sus etapas iniciales recibía su salario a través de becas que no incluían derechos esenciales, tales como vacaciones, permisos de maternidad o paternidad o bajas médicas. Esta realidad de becas en lugar de contratos de trabajo también afectaba antes de 2006 al personal investigador en etapas postdoctorales, tanto en España como en el extranjero.
