Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, presentó una reforma legal al Congreso para destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, acusada de corrupción.
Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó este domingo ante el Congreso una reforma legal que permitiría destituir a la fiscal general, Consuelo Porras, quien puso en riesgo su llegada al poder con investigaciones cuestionadas.
“Decidí presentar ante el Congreso de la República una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, la cual allanaría el camino para que la fiscal general rinda cuentas (...) y sea removida de su cargo conforme a la ley”, expresó Arévalo en un mensaje difundido por cadena de radio y televisión.
Esta es la iniciativa más contundente del mandatario socialdemócrata en sus casi 120 días de gestión contra la fiscal, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla “corrupta”.
“El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya. Como Presidente de la República, electo directamente por el pueblo con un mandato explícito para luchar por la transparencia y combatir la corrupción, no puedo tolerar que esta injusticia continúe”, afirmó Arévalo.
Hasta 2018, los presidentes guatemaltecos tenían la facultad de remover a un fiscal general.
El mandatario guatemalteco, quien cuenta con un sólido respaldo de Washington y del bloque europeo, tiene previsto presentar la iniciativa este lunes ante el Congreso, el cual está mayoritariamente en manos de la oposición, informó su despacho.
El Congreso, compuesto por 160 diputados, está dominado por el partido derechista del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y de Sandra Torres, rival de Arévalo en la segunda vuelta electoral de 2023, quien, aunque nominalmente es socialdemócrata, asumió posturas conservadoras.
“La persistencia de esta minoría corrupta y la amenaza que representa para nuestra democracia es posible debido a la permanencia de la señora Consuelo Porras en el cargo de fiscal general”, subrayó Arévalo.
“Ya era justo y necesario que (Arévalo) haga algo en relación con la fiscal general. Creo que tardó mucho”, comentó a esta agencia Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, capítulo local de la ONG Transparencia Internacional.
La salida de Porras “es un paso necesario para la democratización del país, pero no suficiente”, agregó.
La reforma busca “evitar que el Ministerio Público vuelva a ser utilizado como un instrumento político por ningún gobierno”, “preservar su autonomía” y “garantizar su eficaz funcionamiento”, señaló el mandatario en su discurso.
Pocas horas antes del discurso de Arévalo y sin que se conociera su contenido, la fiscal presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.
El recurso afirmaba que Arévalo podría anunciar en su mensaje “acciones que podrían desembocar en atentados contra la integridad física y la vida” de Porras y otros funcionarios de la Fiscalía, según un comunicado de la entidad.
Porras dirige la Fiscalía desde 2018 y tiene mandato hasta 2026.
La funcionaria puso en peligro la transición presidencial al emprender en 2023 una persecución judicial contra Arévalo y el partido Semilla. Anteriormente, persiguió a periodistas y a exfiscales que investigaron casos de corrupción sonados, muchos de los cuales se exiliaron para evitar ser encarcelados.
“En Guatemala, el Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción mientras perdona y exonera a quienes roban y estafan al pueblo”, afirmó Arévalo en su mensaje.
Arévalo ganó la presidencia con una amplia mayoría con la promesa de combatir la corrupción, uno de los males del país.
Marroquín comentó que el presidente se tardó demasiado en dar este paso, y que “mucha gente está realmente decepcionada porque esperaban que este anuncio lo hubiera dado dos días después de haber asumido el cargo”.
Arévalo estableció una Comisión Nacional contra la Corrupción y solicitó a Porras que abandonara el cargo, sin éxito. En febrero, la denunció ante la Corte Suprema por “incumplimiento de deberes”, pero el tribunal aún no se pronunció al respecto.
“No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución de esta amenaza a la democracia”, declaró Arévalo en referencia a Porras hace dos semanas.
Mientras tanto, la fiscal mantiene ante la Corte Suprema una solicitud para retirar la inmunidad a Arévalo con el fin de procesarlo por presunto lavado de dinero en su partido Semilla.
