Calama ratifica que Ángel Ron se siente en el banquillo por estafa a inversores y falsedad contable por la ampliación de capital de 2016
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron no evita por ahora el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ratificado que tiene que ser juzgado por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. El magistrado insiste en que los estados financieros de la entidad en ese ejercicio y en el anterior estaban "conscientemente" manipulados, por lo que no reflejaban la imagen fiel de la entidad frente a los inversores. Calama achaca a Ron un "déficit de gobernanza notable" en esa ampliación de capital.
Al exdirectivo bancario le queda ahora la posibilidad de recurrir en apelación ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional para evitar el juicio. Calama procesó también a otros doce directivos y a la consultora PwC por lo que considera un engaño a los inversores.
Para el instructor, Ron no era "una figura ornamental" en el banco. Tal y como se expone en la guía de autoridad bancaria europea (EBA) sobre gobierno interno y en el propio Reglamento del Consejo de Administración de Banco Popular, el presidente del Consejo "no es una figura ornamental o meramente representativa", sino el máximo responsable de la administración del banco. Por eso defiende que "no puede transferir" al Banco de España "su responsabilidad por los incumplimientos legales".
Según explica, no tenía solo una función representativa, sino que era el máximo responsable de la administración del Banco Popular, "nada menos que presidente de su Consejo de Administración. Era presidente ejecutivo y presidía también la comisión delegada del consejo. Impulsó la ampliación de capital del año 2016. Permitió que se aprobara dicha ampliación, con un déficit de gobernanza notable, y sin explicar mínimamente las bases de cálculo de los 2.506 millones de la ampliación". Ron, recalca, "estaba al tanto del déficit de provisiones que afectaba al balance de BP durante los años 2015 y 2016".
El magistrado desestima así, con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, el recurso que presentó la defensa de Ron contra su procesamiento en el "caso Popular", rechazando -como mantiene el exdirectivo bancario- que no existan indicios delictivos contra él, por lo que pidió el sobreseimiento. En su recurso, Ron achacaba la responsabilidad al Banco de España, el Banco Central Europeo, el FROB y la CNMV en su calidad de organismos supervisores.
Pero Calama no acoge sus argumentos y pone sobre la mesa tanto los informes periciales de los inspectores del Banco de España, que contienen unos "hechos incriminatorios clarísimos", como las inspecciones realizadas por el organismo supervisor.
Calama hace hincapié en que el expresidente del Banco Popular intervino en el diseño de la ampliación de capital, determinando que la cantidad que se iba a pedir al mercado fuese de 2.506 millones de euros, y "permitió que se aprobara la ampliación de capital sin poner a disposición de los consejeros un estudio detallado que explicara de dónde venía la necesidad de ampliar capital por ese importe, y no por más o por menos". "La intervención verbal de los letrados de Linklaters -recalca el juez- fue meramente jurídica y, por lo que consta en el acta, no muy exhaustiva, más bien lo contrario. Ese consejo fue una manifestación clara de déficit de gobernanza y, a nuestro juicio, adoleció de información y de debate".
Según expone en su resolución, Ron estaba al tanto de los déficits ocultos de provisiones que estaban aflorando con la inspección OSI del BCE, porque como presidente del Consejo recibía las actas de las comisiones de auditoría y de riesgos. Además, presidía la comisión delegada en la que estaban los presidentes de la comisión de auditoría y riesgos. "Difícilmente puede hablarse de una especie de responsabilidad objetiva por el cargo respecto del presidente del consejo de administración de BP, quien presidía su comisión delegada con una clara vocación ejecutiva; liderando la ampliación de capital del año 2016", añade.
En cuanto a la actuación de los organismos supervisores -a quienes Ron señala en su recurso- el instructor matiza que en esta causa no se ha investigado a los supervisores del Banco de España, CNMV o al Banco Central, sino la actuación del Popular en relación con las "importantes alteraciones de su contabilidad" que, insiste, tiene naturaleza delictiva y que conllevaron la presunta estafa a los inversores que acudieron a la ampliación de capital del año 2016.
De ahí que descarte que el exgobernador del Banco de España Luis María Linde fuese el máximo exponente de la supervisión, en tanto en cuanto que el Banco Popular estaba desde el 4 de noviembre de 2014 "bajo la órbita supervisora del Banco Central Europeo", que era el que decidía cómo y cuándo se supervisaba la entidad.
Ron esgrimió que resultaba "sumamente peligroso despreciar y prescindir de las opiniones e instrucciones que contemporáneamente recibía Banco Popular por parte de Banco de España y BCE". Pero el juez replica que "lo más peligroso de todo es no cumplir la ley y vulnerarla de forma deliberada". En el caso del Popular, advierte, se infringió la normativa legal mediante la "alteración premeditada" de la clasificación contable de determinados acreditados y se incumplió la normativa relativa a los recortes de valoración contable de los activos adjudicados, una parte de los cuales estaban sobrevalorados por tasaciones "ad hoc" para encubrir déficits de provisiones.
"Ampararse en la denominada supervisión prudencial no puede conllevar la impunidad de los incumplimientos legales, como una especie de taumaturgia sanadora de los mismos. De ser así, el sistema financiero quedaría sujeto a una inseguridad jurídica y se desmoronaría como un castillo de naipes", sostiene Calama, que reprocha a Ron que pretenda "transferir su responsabilidad por los incumplimientos legales al supervisor" cuando esa era "su responsabilidad y no del supervisor".
