El reciente video viral que muestra a una agente del Instituto Nacional de Migración (INM) de México golpeando a migrantes sobre el tren “La Bestia” es una representación gráfica de una política migratoria que se inclina peligrosamente hacia la represión. A pesar de las presiones políticas, tanto nacionales como internacionales, los actos de violencia contra migrantes no sólo son inaceptables, sino que también son sancionables bajo la ley mexicana.
México ha intensificado la militarización de sus fronteras norte y sur, desplegando la Guardia Nacional en un intento por controlar la migración irregular. Esta táctica represiva se ve influida por las reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos, donde el tema migratorio se trata menos como una cuestión de derechos humanos y más como una herramienta política.
En Estados Unidos, la migración se ha convertido en un tema electoral crítico, con un 50% de los votantes considerando la gestión de la migración como un factor decisivo en sus decisiones de voto. Figuras como Donald Trump y el gobernador Greg Abbott han intensificado el discurso antiinmigrante, influyendo significativamente en la política migratoria y las percepciones públicas.
Cada encuentro entre los líderes de México y Estados Unidos tiende a coincidir con un endurecimiento de las políticas migratorias. El enfoque se desplaza de los derechos humanos a la arena política, donde la migración se convierte en una herramienta electoral, especialmente relevante en el contexto político estadounidense.
El Artículo 140 de la Ley de Migración especifica claramente las causas por las cuales los servidores públicos del INM pueden ser sancionados. Entre estas, destacan la negligencia en el manejo de los trámites migratorios, el uso indebido de documentación migratoria, y crucialmente, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Estas últimas son especialmente relevantes en el contexto del incidente mencionado, ya que cualquier violación acreditada ante la autoridad competente puede resultar en sanciones severas como la destitución e inhabilitación de los servidores públicos involucrados.
A pesar de la existencia de estas disposiciones legales, la impunidad sigue siendo un problema significativo. El INM no ha demostrado transparencia en sus acciones ni ha informado adecuadamente sobre las medidas tomadas contra los agentes que violan los derechos de los migrantes. Esta falta de acción y claridad perpetúa un ciclo de abuso y desconfianza que mina la integridad de la institución y sus obligaciones legales y morales hacia los migrantes.
Es imperativo que las autoridades mexicanas, incluido el presidente y los órganos legislativos, respondan con urgencia a esta situación. Deben asegurarse de que el INM cumpla con su deber de proteger los derechos humanos y de aplicar las sanciones correspondientes a cualquier violación de estos derechos, tal como lo estipula la ley. La comunidad internacional también debe mantener su vigilancia y presión para que México fortalezca sus políticas migratorias en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos.
El incidente de violencia documentado no solo es un reflejo de una política mal dirigida, sino también de un fallo estructural en la implementación de las leyes diseñadas para regular la actuación de los servidores públicos del INM. Este caso no debería verse como un incidente aislado, sino como un llamado a revisar y reformar profundamente las políticas migratorias y las prácticas del INM. Solo a través de una gestión transparente, responsable y humanitaria de la migración, México podrá enfrentar adecuadamente los desafíos que esta realidad impone. Es esencial que se trate la migración no como una crisis pasajera, sino como una condición permanente que requiere enfoques comprensivos, justos y efectivos.
