Como si no hubiera pasado nada. El Gobierno intenta recomponerse y pasar página del amago de dimisión de Pedro Sánchez que llevó durante cinco días al borde del colapso tanto al PSOE como a una legislatura que ya sobrevivía a medio gas desde su propia génesis el 23-J. Tras desvelar que se quedaba, el presidente aseguró de manera solemne que su decisión no suponía “un punto y seguido” sino “un punto y aparte”. Y se comprometió a “trabajar sin descanso, con firmeza y con generosidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia”. Muchos interpretaron entonces que tras ese discurso se precipitaría un gran anuncio. Algo parecido a un paquete de medidas ambiciosas como golpe de efecto a una crisis política generada por la propia forma de proceder del presidente. Nada más lejos de la realidad.
Desde su no dimisión, Pedro Sánchez ha concedido tres entrevistas, ha presidido un Consejo de Ministros y se ha marchado a Catalunya a retomar la agenda de campaña que dejó aparcada. Y en todos esos foros ha trasladado el mismo planteamiento: un mensaje de tranquilidad y continuidad para espantar debates sobre el 'postsanchismo' y una firme determinación a actuar para renovar el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) y poner coto a la desinformación y los bulos. De qué manera o con qué medidas pretende hacerlo son preguntas que, al menos de momento, no han encontrado respuesta durante el período de reflexión.
Desde el Ejecutivo y desde Ferraz, donde el alivio por la continuidad de Pedro Sánchez empieza a dejar paso a una sensación que algunos dirigentes describen como de contrariedad por la absoluta falta de información sobre qué le llevó al presidente a amagar con irse para al final quedarse, salen al paso como pueden de las demandas de concreción sobre el plan a seguir. Acerca del bloqueo del Poder Judicial, caducado desde hace cinco años por la negativa del PP a renovarlo tras su paso a la oposición, los socialistas se limitan a lanzar el enésimo aviso a los de Feijóo.
“Si el PP persiste en el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder sacarlo de esta situación tan lamentable. La responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto”, dijo Sánchez esta semana durante una entrevista en la Cadena Ser. Cuestionada por algún detalle de ese plan, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, respondió: “Si hay un bloqueo inamovible por parte del PP nace una responsabilidad en el Gobierno para desbloquear y abrir otras alternativas”. Y poco más.
Como adelantó elDiario.es, en la mesa del ministro de Justicia hay un 'Plan B' para renovar el órgano de los jueces en caso de que el acuerdo con el PP acabe por confirmarse imposible. De ese plan, que no es nuevo ni nace como reacción a la minicrisis política abierta por el presidente, se sabe poco, casi nada. Únicamente que no sería de aplicación inmediata y que no contempla, en principio, una rebaja de las mayorías parlamentarias que ya en su día afeó Bruselas y que sí le demanda al PSOE su socio de coalición.
Sobre la lucha contra la desinformación y la libre circulación de bulos y noticias falsas, tampoco hay mucho más detalle. Es este asunto sobre el que el Gobierno intenta reorientar ahora una discusión pública viciada desde hace meses a cuenta de la batalla sin cuartel entre el Ejecutivo y la oposición por los distintos casos de corrupción. Un choque que el PP ha aprovechado para lanzar toda una ofensiva al entorno familiar del presidente. Y la apertura de diligencias en un juzgado de Madrid tras una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias sobre la actividad profesional de Begoña Gómez fue “la gota que colmó el vaso”, según contó Pedro Sánchez en TVE.
Sin entrar en detalle, se mostró Sánchez dispuesto a revisar el grado de cumplimiento de la ley de publicidad institucional por parte de algunas administraciones gobernadas por la derecha para saber de dónde procede la financiación de pseudo medios de comunicación dedicados al esparcimiento de bulos. Pero dijo que, aunque el Gobierno pueda “liderar” la reflexión sobre las noticias falsas, son los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto quien debe afrontar ese debate.
Entre las filas socialistas no ocultan el desconcierto político que atraviesa al partido y al Ejecutivo como resultado de la política de hechos consumados llevada a cabo desde la publicación de la carta del presidente. No fueron partícipes de la decisión de Sánchez de parar cinco días, fueron excluidos de su período de reflexión e informados en el último momento de la conclusión de seguir al frente. Y ahora tampoco es que tengan mucho detalle de la estrategia a seguir ante una situación insólita.
Los pocos que se decantaban antes del lunes por que Sánchez seguiría al frente imaginaban que lo haría con un discurso repleto de ambiciosas reformas que consiguieran imprimirle “otro aire” a la legislatura y recuperar de paso la iniciativa política ante una estrategia de oposición sin cuartel. “Lo de la cuestión de confianza no tiene sentido. Acabamos de salir de una investidura y eso podría encarecer aún más el precio del independentismo en plena campaña catalana. Tiene que ser otra cosa y tiene que ser potente, lo que no puede es decir que sigue sin más después de todo este cisma”, reflexionaba un dirigente socialista a poco más de 24 horas de conocer la decisión.
Pero Sánchez sigue, como casi nadie predecía, y además sigue como nadie imaginaba: como si no hubiera pasado nada. O a eso, al menos, parece aspirar el presidente. Otra cosa es que el descoloque de quienes siempre le siguen a rueda resulte más o menos puntual y logren reponerse pronto o no de la última gran pájara.
