De los 48.592.909 habitantes que España tenía a principios de este año, hay uno que carece de justificación moral y política para cambiar el método de elección de los jueces porque está afectado por un grave conflicto de intereses. Precisamente el único que tiene el poder de hacerlo, porque es el presidente. No sólo puede, sino que está dispuesto según se desprende de sus declaraciones recientes en las que amenaza con intervenir el sistema por las bravas si la oposición no cede. La cosa es sencilla de entender. La mujer de Pedro Sánchez está sometida a diligencias de investigación penal en un proceso judicial rutinario. Y es su marido quien pretende asegurarse la potestad de nombrar –y hasta de jubilar...
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