A finales de febrero, en el transcurso de una semana, tres adolescentes fueron asesinados en Costa Rica. Dos muchachos de 16 años y uno de 15 años murieron en Puntarenas, Alajuelita y Alajuela; todos en casos de presunto sicariato.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 2023 fue el año con más menores de edad asesinados desde el 2018, con 42 casos: 38 hombres y cuatro mujeres. El segundo año con peores cifras fue el 2018, con 29 casos: 21 hombres y ocho mujeres. La estadística no precisa cuántos de los fallecidos eran el objetivo del ataque y cuántos fueron víctimas colaterales.
Durante este 2024, con corte al 3 de mayo, ya se acumulan diez homicidios en este grupo etario, el equivalente a un adolescente asesinado cada 12,4 días. Se trata de tres crímenes menos respecto al mismo periodo del año anterior.
El último caso se presentó el pasado viernes, cuando un muchacho de 16 años perdió la vida debido a un disparo que recibió en una vivienda ubicada en el barrio Santa Lucía de Liberia, en Guanacaste.
En la lista también figura la muerte de un jovencito de 14 años, en la zona indígena de Alto Pacuare Jakui, en Chirripó de Turrialba. Luego de días desaparecido, el cuerpo del adolescente fue encontrado dentro de un saco, cubierto con vegetación, y con la mano izquierda amputada.
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Por otra parte, Leandro Rodríguez Alvarado, de 15 años, murió el 26 de marzo en el Hospital San Juan de Dios, luego de que sicarios le dispararan en 13 ocasiones en un taller mecánico en Alajuelita. El muchacho, hogareño y aficionado a los videojuegos, no era el objetivo de los homicidas.
Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, expresó que aunque todos los homicidios de menores de edad son lamentables, cada caso debe analizarse por separado por las dinámicas que influyen. No obstante, sostuvo que la desintegración familiar y los escasos controles en los núcleos familiares facilitan que algunos jóvenes se vinculen con grupos criminales.
Como ejemplo mencionó que durante la pandemia, cuando la policía realizaba controles en bares, se encontraban con 15 o 20 adolescentes consumiendo alcohol o drogas ilícitas y que, al llamar a sus padres o responsables, estos más bien respondían enojados por el accionar de las autoridades.
Dentro de todo este fenómeno, también resalta una mayor participación de muchachos en la comisión de homicidios. El martes 30 de abril, dos menores figuraron entre los ocho hombres detenidos por presuntamente formar parte de una “agencia” de sicariato que trabajaba por encargo de bandas narco.
En el 2022, el Ministerio Público identificó a 29 menores de edad como sospechosos de cometer homicidios (4% de todas las causas abiertas ese año), de los cuales tres tenían vínculos con el crimen organizado. En el 2023, la cifra subió a 54 menores vinculados con asesinatos y 16 de esos relacionados con crimen organizado, lo que representó casi un 6% de las causas abiertas por homicidio.
“La tendencia va en esa dirección, en que cada vez son más jóvenes los que disparan y cada vez son más jóvenes quienes reciben los disparos”, lamentó el ministro de Seguridad, Mario Zamora.
Casos como estos podrían ser más comunes si no se toman medidas para atender la exclusión social que sufren miles de menores de edad en el país, coincidieron el director general del OIJ, Randall Zúñiga, y el jerarca de Seguridad.
Randall Zúñiga explicó a La Nación que la participación de menores en actividades criminales ya venía ocurriendo desde los años 90, con grupos como los Chapulines o los Teletubbies, pero aclaró que estos se dedicaban a delitos comunes y no al crimen organizado. No obstante, desde el 2019, el OIJ alertó en su Reporte de situación criminal en Costa Rica sobre los riesgos de recortar programas sociales, afirmó el director, quien hace cinco años empezó a notar el crecimiento de este fenómeno.
“Estamos hablando de personas que no tienen las condiciones académicas para optar por un trabajo formal, y las empresas tampoco se van a trasladar a estos lugares porque no hay mano de obra calificada. Entonces, se genera como un círculo vicioso muy importante”, señaló Zúñiga.
Por su parte, el ministro Mario Zamora añadió que las prácticas de los carteles mexicanos y colombianos cada vez se replican más en el país, y esto incluye el reclutamiento de menores de edad para ejecutar acciones que en otros tiempos eran reservadas para adultos.
Antes de que se profesionalizaran los grupos narco, los adolescentes solo eran usados para trabajos menores, como avisar en el barrio cuando se acerca la Policía o para la venta de droga en pequeñas cantidades. Ahora, las bandas les dan un arma para que vayan a asesinar a miembros de pandillas rivales, lo que genera eventuales represalias también consumadas por menores, aseguró Zamora en declaraciones a este diario.
Todo este escenario explicaría lo sucedido el 23 de marzo del 2023, en El Roble de Puntarenas, donde un joven de 17 años fue asesinado por otro de la misma edad en un aparente ajuste de cuentas.
Las fuerzas policiales han detectado niños de incluso 13 años reclutados en los grupos criminales. La situación es tan grave que tanto el OIJ como Seguridad Pública tienen conocimiento de que uno de los sicarios más temidos en Puntarenas es un joven de 16 años, quien fue capturado por las autoridades el año anterior, afirmó Zúñiga.
“Cuando uno hace diez años estudiaba los fenómenos criminales en América Latina, llamaba la atención la forma como estas bandas reclutaban gente joven, lo cual en Costa Rica nos resultaba inaudito porque no lo veíamos en nuestro medio criminal. Hoy en día, lamentablemente, Costa Rica está adecuándose a ese patrón latinoamericano”, señaló Zamora.
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Ambos jerarcas detallaron que para los narcos es más rentable contratar adolescentes como sicarios, pues cobran menos y si resultan heridos o fallecidos, son más fáciles de reemplazar.
Incluso, se dan casos en los que no se les paga dinero, sino que los menores cometen el crimen a cambio de droga o bienes materiales, lo que Zamora describió como una forma de esclavitud. También es usual que desde niños, con edades cercanas a los 10 años, los empiezan a acercar a la actividad criminal.
Según explicó el ministro, el sicariato adolescente, además, puede completar la misión con resultados más violentos, pues su falta de experiencia, más el temperamento juvenil, lleva al muchacho a tomar decisiones más impulsivas que los adultos.
La combinación de la naturaleza violenta del mundo criminal y la inmadurez de los adolescentes “es un cóctel explosivo”, reiteró Zamora. A diferencia de un sicario profesional, que puede entrar a un restaurante, eliminar su objetivo y retirarse, con un menor de edad se corre el riesgo que dispare erráticamente y mate aún a más personas.
“Ellos son de los que disparan a todo el restaurante y tal vez el objetivo nunca fue alcanzado, y mataron a diez personas en eso. Por dicha eso no ha pasado en Costa Rica, pero ha pasado en otros países”, advirtió el ministro.
¿Cómo son reclutados estos adolescentes? En comunidades con pobreza, sin cohesión social y sin oportunidades de trabajo, el narco predomina y se aprovecha de los niños vulnerables. Las pocas opciones de trabajo son con la organización criminal, y los menores de edad crecen en un ambiente donde se normaliza la violencia.
Según el ministro, en algunos lugares se ha llegado al punto de que los asesinados por ajustes de cuentas son vistos como héroes y se les venera en el funeral, pues el grupo narco que controla ese barrio los “protege” contra bandas rivales en otros barrios.
Muchas veces, los habitantes de estos barrios ni siquiera tienen acceso a programas sociales, y sus vínculos con la actividad criminal provocan que sean relegados incluso por las instituciones de lucha contra la pobreza, aseguró Zamora.
Randall Zúñiga, director del OIJ, señaló que también es frecuente que los mismos familiares los recluten, pues los niños los pueden ver como modelos a seguir al notar que tienen una mejor condición económica. “Ese ideal, que es inalcanzable para el resto de la población, pues estos menores lo compran y lo ven como algo posible”, explicó.
Más que aumentar condenas contra menores de edad, Zúñiga consideró que la prioridad debe ser perseguir a los adultos que los reclutan.
“Está bien que se quiera juzgar al menor, ¿pero qué pasa con el adulto? ¿Qué pasa con ese adulto que le dio las armas y que le permitió practicar hasta hacerse gatillero? Es que un menor no tiene $2.000 para comprarse un arma de fuego y para practicar”, declaró.
El jefe de la Policía Judicial enfatizó en la necesidad de dar oportunidades de trabajo a estos jóvenes, especialmente en las zonas costeras, pues 22 de cada 100 menores viven en pobreza extrema en Puntarenas, situación que también enfrentan 25 de cada 100 menores en Limón.
Pobreza extrema y baja escolaridad empujan a jóvenes de las costas a integrar bandas criminales
“¿Qué solución hay para ellos? ¿Qué fuentes de trabajo hay? ¿Qué otra posibilidad hay para que el menor pueda salir de ese círculo vicioso?”, cuestionó Zúñiga.
Por su parte, Gerardo Castaing, criminólogo y exoficial del OIJ, sostuvo que la sociedad costarricense ha sufrido cambios que han llevado a que las personas en los barrios ya no se conozcan, lo que facilita que los grupos delictivos se infiltren entre la juventud.
Castaing señaló que las familias y comunidades se han fragmentado y que eso ha dificultado la formación de los niños, que ahora normalizan la violencia debido a lo que consumen en redes sociales. “Ha habido un cambio de una sociedad campesina a una sociedad moderna e industrializada, aparece la televisión y la Internet; nosotros no estábamos preparados para eso”, señaló.
