Proyectos de infraestructura vial, de servicios y de salud están frenados en este momento, en espera de nuevos estudios, licitaciones y negociaciones
Ocho megaproyectos y planes de infraestructura vial, de servicios y salud pública que el país lleva años y hasta décadas esperando, se encuentran en un limbo, luego de que la administración de Rodrigo Chaves Robles decidiera ponerlos en pausa, cambiarles el rumbo o simplemente paralizarlos para realizar nuevos estudios y valorar los mecanismos bajo los cuales se ejecutan.
En la mayoría de casos, las decisiones se justificaron en supuestos sobrecostos y atrasos, a pesar de que al momento de los anuncios no se contaba con los sustentos técnicos para asegurar que los cambios planteados representarían ahorros o agilizarían las obras.
El director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Olman Vargas citó esa falta de criterios como la principal razón para que a la fecha el país enfrente una de sus peores temporadas en cuanto a la ejecución de obras públicas.
“Han sido dos años pésimos para la infraestructura vial, a pesar de la percepción que tiene la gente, probablemente porque lo poco que se ha hecho son obras de carácter urbano que hacen que la gente sienta que hay una ejecución importante, pero la realidad no es así”, dijo Vargas.
A criterio del ingeniero, obras como los pasos a desnivel en Hatillos, La Galera, Taras-La Lima y la Circunvalación norte, además de que eran proyectos que venían de la Administración anterior, no representan una inversión mayor, comparada con lo que se ha dejado de ejecutar en grandes proyectos como la ampliación San José-San Ramón, la ruta 27, el corredor San José-Cartago y la carretera a San Carlos que suman más de $2.000 millones, frente al 10% que representan las intervenciones menores que se realizan en la Gran Área Metropolitana.
Vargas sostuvo que las justificaciones dadas por el Gobierno no son válidas, pues si se toma de ejemplo casos como el de la ampliación de la ruta 27, las condiciones siguen siendo las mismas que hace dos años cuando se detuvo la negociación con el concesionario.
Lo mismo ocurre, con el caso del Fideicomiso para la ruta San José-San Ramón, pues se decidió volver a contratar estudios sobre los análisis que ya se habían hecho, sin que el resultado arrojara una mayor optimización.
“Cuando usted dice que va a detener algo porque lo va a hacer de otra manera es porque usted ha analizado que esa otra manera es eficiente (...) Ha habido una serie de decisiones políticas que no obedecen a criterios técnicos, ni económicos, era como que lo que se estaba haciendo había que pararlo”, cuestionó.
La Cámara Costarricense de la Construcción advirtió en marzo que la inversión en infraestructura pública experimentó una drástica disminución durante el último año. Según ese detalle, entre 1991 y 2020 la obra pública representó el 20% de la construcción en el país; sin embargo, para 2023, ese porcentaje fue apenas de un 9%.
Este es un listado de los proyectos frenados desde mayo de 2022 y la situación en la que se encuentran.
En julio del 2022, el Gobierno decidió “enterrar” el plan del tren eléctrico metropolitano impulsado durante la gestión de Carlos Alvarado, para el cual ya se tenía un financiamiento aprobado por $520 millones del Fondo Verde del Clima, lo que implicaba condiciones de crédito especiales.
En ese momento se anunció la intención de retomar otro proyecto promovido por el expresidente Luis Guillermo Solís (2014-2018), el cual había sido objeto de un estudio de prefactibilidad en el 2016 y que había sido descartado porque resultaba más costoso.
En noviembre anterior, el entonces jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador Jiménez, aseguró que en el primer semestre de 2024 se completaría la etapa de preinversión del nuevo proyecto, en el cual se incluiría la demanda y diseño, para luego iniciar la fase de licitación y, un año después, tener lista la contratación.
Las líneas que se desarrollarían bajo el modelo de tren eléctrico serían las de Alajuela, Belén y Cartago. El recorrido de Pavas seguiría operando con los trenes de diésel.
En febrero, el actual jerarca del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez, dijo que trabajan en un diseño de tren pensado para 100.000 pasajeros y afirmó que el nuevo plan tiene un presupuesto de $800 millones. La intención, afirmó, es tener el nuevo diseño en setiembre.
El jerarca de Obras Públicas, Mauricio Batalla anunció días atrás que viajó a España para asegurar un financiamiento con el Banco Europeo por $250 millones que completarían los $500 millones del Fondo Verde de Inversiones.
En junio del 2022, a pocas semanas de haber iniciado su gestión, el presidente Rodrigo Chaves y el entonces ministro Luis Amador, anunciaron por primera vez la intención de poner fin al Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, mediante el cual se estaba estructurando el plan para ampliar los 60 km de la vía entre San José y San Ramón. En esa ocasión, alegaron altos costos de operación de la unidad administrativa y poco avance en el proyecto.
En todo ese año el plan se mantuvo paralizado, mientras el jerarca del MOPT cambiaba las versiones sobre la decisión de romper o no con el BCR y fue hasta enero del año pasado cuando finalmente se anunció la ruptura. La firma del llamado “acuerdo de terminación anticipada” se concretó hasta agosto de ese año.
Posterior al anuncio, el MOPT contrató un estudio de “ingeniería de valor” con el cual pretende optimizar los estudios de factibilidad que ya habían sido entregados por el Fideicomiso.
El pasado 18 de abril, el jerarca del MOPT confirmó que tras conocer los resultados de ese estudio se determinó que el costo del peaje sería el mismo estimado por el Fideicomiso, así como el valor total del proyecto, aunque sostuvo que se incluirán más obras que mejorarían la funcionalidad.
Batalla no detalló cuáles serían los cambios en los alcances, ni cómo se lograrían las mejoras. Lo que sí se conoce hasta ahora es que de cumplirse con el nuevo cronograma, los trabajos para ampliar la ruta comenzarían en el 2026 y estarían listos en el 2030, en el escenario más optimista.
En mayo del año pasado, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) archivó la iniciativa privada planteada por la empresa MECO para ampliar el corredor San José-Cartago, debido a que, según indicaron, el proyecto era muy caro y debía ser cubierto con peajes y una contrapartida estatal de la que no se disponía, además de que el anteproyecto presentado por la constructora contenía incumplimientos.
El entonces jerarca del MOPT anunció que se arrancaría de cero con una nueva propuesta más económica. La promesa en ese momento fue que la etapa de factibilidad del proyecto se completaría en un plazo de seis a ocho meses, con la meta de adjudicar las obras a finales del 2024. Sin embargo, a la fecha no se conocen avances sobre dicho plan, no se han presentado los resultados de los nuevos análisis que se iban a realizar, ni se ha indicado cuál sería el nuevo cronograma para avanzar con la propuesta o al menos, si esta aún existe.
Las negociaciones para ampliar la carretera San José-Caldera o ruta 27 quedaron en un 80% al término del gobierno anterior. Sin embargo, desde el inicio de la actual administración, las autoridades anunciaron su rechazo a extender el contrato con la actual concesionaria.
Tras más de un año sin que se avanzara en las negociaciones ni en una nueva propuesta, en agosto del año anterior la entonces secretaria técnica del CNC, Dahianna Marín, indicó que se desistía de la idea de romper anticipadamente el contrato, pues conllevaría más atrasos y aumentaría los costos debido a la indemnización que se debería cancelar a la empresa por finalizar antes de tiempo la concesión.
Un mes después, Luis Amador declaró ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que buscarían llevar a cabo la ampliación sin prorrogar el contrato a la empresa y mencionó diálogos con el Gobierno de Arabia Saudita para obtener los $600 millones necesarios.
Entretanto, el actual ministro, Mauricio Batalla, aseguró a crhoy.com el pasado 4 de abril que todavía no han “llegado a un punto medio” en relación con las negociaciones con la concesionaria Ruta 27. El jerarca no descartó que se continúe con el plan de ampliar la vía con la actual operadora, pero aseguró que existen otras posibilidades.
La ampliación del tramo de la Interamericana norte entre Barranca y Limonal quedó paralizada desde noviembre del 2022, luego de que el consorcio a cargo de las obras solicitara el finiquito del contrato alegando problemas de expropiaciones y diseños que impedían el avance. El MOPT, por su parte, intentó ceder el contrato, atribuyéndole a la empresa el abandono de la obra. Sin embargo, luego de meses de análisis, la cesión no prosperó y únicamente se prolongó la paralización del proyecto, que ahora resultará más costoso.
Adicionalmente, el Estado deberá pagar a la empresa H Solís una indemnización de $13 millones por la suspensión del proyecto e iniciar de cero con una nueva contratación. También se deberá buscar un nuevo préstamo para completar el proyecto, cuyo costo se elevó a $217 millones, que representan unos $63 millones de más considerando lo que ya se invirtió.
El mes pasado se dio orden de inicio para realizar obras de conservación en los tramos que se habían intervenido y para terminar la ampliación en La Angostura, al ingreso de Puntarenas.
El plan Orosi II, para ampliar el acueducto metropolitano y solventar el faltante de agua de más de 700.000 personas, lleva más de dos años entre análisis y rediseños, luego de que en noviembre del 2022 el Gobierno dejará perder un crédito por $399 millones, que había sido aprobado en el 2020.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) no formalizó ese financiamiento debido a que, según indicaron, en ese momento debían completar estudios de factibilidad y diseños para obtener “costos reales”. En su criterio, el acueducto se estaba planeando con costos imprecisos, basados en el monto que había sido aprobado en el 2020 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Este 23 de abril, el presidente del AyA, Juan Manuel Quesada, aseguró que Orosi II se encuentra dentro de una cartera de 43 proyectos de inversión por $2.500 millones. Quesada sostuvo que actualmente están en el análisis financiero y tarifario de esos planes; pero no brindó mayores detalles sobre el megaproyecto en específico.
El plan para ordenar las rutas de autobús que ingresan a la capital lleva más de 20 años entre estudios y replanteamientos.
Se tenía previsto que los primeros sectores comenzaran a operar de manera articulada en octubre del 2022; sin embargo, un mes antes de que se cumpliera ese plazo, el MOPT anunció que el plan se retrasaría ocho meses más, debido a que era necesario actualizar estudios de demanda y esquemas operativos. Un año y medio después de ese anuncio, el plan sigue estancado.
El pasado 22 de enero, el director del Consejo de Transporte Público, Freddy Carvajal, explicó durante la sesión de Junta Directiva de ese consejo que en los últimos ocho meses se había trabajado en la estrategia para establecer las 12 rutas sectorizadas, de las cuales iniciarían con siete como parte de un plan piloto, pero no se han brindado cronogramas ni mayores detalles.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha tomado una decisión sobre el futuro del nuevo hospital de Cartago. Pese a que prometió hacerlo en diciembre del 2023, las vacaciones tomadas por la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel, lo impidieron. Cuatro meses después, el tema sigue orbitando en el máximo órgano de decisión de la CCSS sin que haya una definición al respecto. El 16 de abril, la Junta Directiva volvió a posponer la discusión y prometió dedicarle un día completo, en sesión presencial.
Apenas un día después, el 17 de abril, el gerente de Infraestructura y Tecnología de la Caja, Jorge Granados Soto, confirmó a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos que no existe ninguna objeción, ni técnica, ni científica, para no construir el nuevo Hospital Max Peralta, de Cartago, en el terreno de El Tejar. Todo dependía de la Junta. Este 16 de mayo el tema sería discutido.
