Una no sabe ya si la democracia está en crisis o si la democracia parlamentaria está mejor que nunca. Parece que más bien lo primero, pero si atiendes a las declaraciones de los responsables políticos en los medios de comunicación, podría ser tanto lo primero como lo segundo.
Por eso, es mejor ir a los hechos. En base a ellos, me atrevería a decir que la democracia parlamentaria tuvo a principios de abril un momento de buena salud. Un instante, claro, en el que, no obstante, lució exuberante una salud robusta.
En momentos de crisis democrática profunda es necesaria más y mejor democracia. Tampoco hay que perder la esperanza de poder pensar (e implementar) un sistema de organización social, política y económica mejor que el capitalismo (que tampoco es pedir mucho). Mientras, hay que esforzarse en radicalizar la democracia, en mejorarla. Para mejorarla son necesarias, evidentemente, buenas políticas públicas que atiendan y cubran necesidades básicas, que garanticen y alienten derechos políticos y civiles, claro; mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, de participación; y, sin embargo, para radicalizar la democracia hace falta, más que focalizar en el qué o en el cómo, focalizar en el quién.
El martes 9 de abril la democracia española obtuvo una mayoría absoluta migrante, gozó por una tarde de buena salud. Mayoría parlamentaria migrante ilegal, digámoslo. El martes 9 de abril la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya –que exige la regularización de las 500.000 personas migrantes que se estima que se encuentran en el Estado Español en situación irregular– consiguió superar su primer trámite parlamentario: la tramitación. ¿Se ha aprobado esta iniciativa legislativa que nace de la sociedad civil y que ha logrado recoger casi 700.000 firmas para que el Congreso la tome en consideración? No, no se ha aprobado. Esa será la prueba de fuego de la democracia española, cuánta gente invisible, cuántos nadies es capaz de incorporar. Pero, de momento, con 310 votos a favor y 33 en contra, la ILP promovida por ONG y muchas personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular, obtuvo un respaldo parlamentario mayoritario como pocas iniciativas han tenido en esta legislatura.
Ahora queda lo más difícil: las enmiendas, los plazos, la negociación, que se apruebe. Sin embargo, han sido las personas migrantes, las que son tantas veces objeto del debate político y tan pocas veces se les permite ser protagonistas, las que han venido a insuflar aire fresco, renovador, a la democracia española. La democracia es tal cuando es capaz de incorporar, de abrazar, de cuidar, como mínimo, a todas las personas que viven en el territorio en la que esta se tiene como sistema político. Tras semanas de crispación en una legislatura que ha cosechado mayorías absolutas pírricas, cuando las ha conseguido, las personas migrantes han venido a darnos una lección de tenacidad y dignidad. Queda por ver si este sistema político estará a la altura en los pasos que vienen.
Regularizar a 500.000 personas es una cuestión de justicia, de reparación, de derechos humanos. Es también una necesidad económica (se calcula que el mercado de trabajo español necesita entre 270.000 y 400.000 personas migrantes al año dependiendo de las fuentes). Es muchas cosas que se han argumentado y se seguirán argumentando hasta conseguir la regularización.
Hay un detalle que la ILP con su mayoría absoluta para la tramitación puso de relevancia y que debería avergonzarnos a los grupos políticos que estamos en el hemiciclo: lo poco que ese espacio se parece a la sociedad que quiere representar. Somos 350 las personas escogidas en todo el Estado para representar a la sociedad, a los territorios que componen España. Pero nos parecemos más bien poco a esa sociedad, a esos territorios. Y eso es un problema. Regularizar a las 500.000 personas en situación irregular no soluciona ese déficit de manera inmediata, obviamente, aunque sí que nos permite estar un poquitito más cerca de ser una sociedad diversa y plural; es una cuestión de derechos humanos y de salud democrática. 500.000 personas más con derecho a ejercer el sufragio universal, y el sufragio pasivo, a ser escogidos en lo que se considera el lugar de la soberanía popular. La democracia española necesita esa regularización. Espero que el sistema político de este país se dé cuenta de que no lo tiene que hacer por ellas, sino para salvarse él mismo.
