En tiempos de polarización política y social hay poco espacio para hacerle frente a desafíos como el que representan las pensiones.
Se tiende a caer en posiciones extremas. O se considera que nada puede hacerse y las cosas deben dejarse como están o que todo debe hacerse porque el sistema no funciona.
Esto se reflejó en la discusión del llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Es cierto que es virtualmente imposible asegurar una pensión equivalente al 100 por ciento del último salario a la totalidad de los trabajadores, como lo ofreció el presidente López Obrador.
Claro, la propia iniciativa acotó claramente esa promesa.
Pero, al mismo tiempo, es razonable buscar opciones para los escasos recursos que obtendrían quienes se retirarán en los próximos años, habiendo empezado su vida laboral en la segunda mitad de 1997 o 1998, por ejemplo, y por tanto obligados a retirarse bajo el esquema de las Afores, es decir, solo con su ahorro.
Para varios miles de personas, cuya cantidad irá creciendo en los próximos años, el ingreso estimado que podrían obtener si no tuvieron ahorro voluntario podrían rondar por lo pronto el 45 por ciento del último salario e irá subiendo hasta llegar a poco más del 70 por ciento hacia el año 2031.
Considerando que tuvieron un salario de 17 mil pesos aproximadamente -el promedio actual para los cotizantes al IMSS- la aspiración sería una pensión por debajo del salario mínimo, es decir, de 7 mil 600 pesos al mes.
Una opción es no hacer nada y sugerir que sumen a esos recursos los que se podrían recibir mediante el programa para adultos mayores.
Pero al mismo tiempo, pensar en que es posible garantizar el 100 por ciento de los salarios a todos los que se retiren y ganen a lo sumo ese promedio de 17 mil pesos al mes, no es financiable en el largo plazo, salvo que se introduzca una carga impositiva superior y se etiqueten recursos para ese propósito.
Lo cuestionable, me parece, no es que el gobierno haya querido buscar una salida a la problemática derivada de las bajas pensiones.
Lo que es criticable es el procedimiento.
No solo implicó la posibilidad de usar recursos de terceros, sino que además se diseñó un esquema que no garantiza que el fondo cuente con los montos suficientes en el futuro.
¿Qué opciones existen para aquellos que al momento de retirarse tengan acceso solo a una pensión raquítica?
Una posibilidad es incentivar a que la gente siga trabajando algunos años adicionales.
Esto podría conseguirse con aportaciones adicionales que pudiera prever el gobierno, con objeto de elevar de manera importante en pocos años, el monto disponible para el retiro.
Ese esquema o bien otros que incentiven el ahorro y la posposición del retiro, pueden permitir mitigar el problema.
El aumento gradual de las aportaciones patronales que comenzó el año pasado y que continuará hasta el año 2030, ayudará sin duda.
Sin embargo, el cambio en el perfil demográfico que conduce a que la proporción de personas con edad superior a los 65 años crezca rápidamente en México, obliga a pensar seriamente en ir incrementando gradualmente la edad de retiro.
Cuando se diseñó la Ley del IMSS de 1973, la esperanza de vida al nacer era de 59 años para los hombres y de 63 para las mujeres.
La sobrevida tras pensionarse era relativamente breve, lo que implicaba un menor costo para las finanzas públicas.
Hoy tenemos una circunstancia completamente diferente en la cual los pensionados en ocasiones viven más de 15 o 20 años después de pensionarse.
No hay manera de asegurar que se cuenten con los recursos suficientes para sufragar esas pensiones en el largo plazo.
Pensar en alcanzar una edad de retiro a los 70 años tras realizar ajustes graduales en el curso de una o dos décadas, podría ser una de las opciones para hacerle frente a una crisis que no es para el futuro, sino que ya nos alcanzó.
