La última vez que los italianos fueron a las urnas para votar una reforma de la Constitución que prometía «acabar con la inestabilidad» típicamente italiana, el inquilino de Palacio Chigi era un joven y prometedor primer ministro, borracho de éxito tras alcanzar el 40% de los votos en las elecciones europeas celebradas solo unos meses antes. Era el 4 de diciembre de 2016 y aquel día fue la tumba política –más tarde resucitó– de Matteo Renzi, entonces líder del socialdemócrata PD.
El triunfo del «no» a una enrevesada reforma constitucional que aspiraba a suprimir el Senado obligó al entonces primer ministro a presentar su dimisión al frente del Gobierno y abandonar la secretaría general de su partido unos meses más tarde. Los temerarios precedentes no parecen asustar a Giorgia Meloni, que está dispuesta a reescribir la Constitución para limitar el poder del jefe del Estado en favor del primer ministro, a pesar de que para ello tenga que tragar con las exigencias de Matteo Salvini.
El líder de la Liga, además de vicepresidente y ministro de Infraestructuras, ha sabido jugar bien sus cartas. La reforma constitucional no le convence, pero está dispuesto a apoyarla a cambio de que el Gobierno avance en la descentralización del país; una vieja aspiración de la Liga Norte. El proyecto de ley impulsado por Salvini con el beneplácito del resto de la coalición gubernamental (Hermanos de Italia, Liga y Forza Italia), introducirá la autonomía fiscal, que beneficiará a las ricas regiones del norte frente a un sur cada vez más empobrecido.
«La autonomía diferenciada se complementa con el premierato», trató de justificarse Meloni ante las críticas de quien subraya la incoherencia de que la reforma que profundizará la brecha entre el norte y el sur del país vaya a ser aprobada durante el mandato de un primer ministro que ha hecho de conceptos como «nación» o «patria» su seña de identidad.
A pesar de tener a toda la oposición en contra –excepto a Renzi–, a expertos constitucionalistas y a los medios de comunicación independientes, el Ejecutivo de Meloni continúa trabajando sotto voce. En abril, casi sin que trascendiera, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó la enmienda del Gobierno por la que se modifica un artículo de la Constitución y se introduce la elección directa del presidente del Consejo de Ministros. El texto introduce, asimismo, el límite de dos mandatos consecutivos –de cinco años de duración– y elimina el umbral del 55% como premio para la mayoría parlamentaria.
Actualmente, el sistema italiano prevé que tras las elecciones el partido o la coalición que haya obtenido mejores resultados en las urnas proponga un candidato a posible primer ministro al presidente de la República que, en caso de ser aceptado, debe someterse a un voto de investidura en el Parlamento. La reforma, en cambio, introducirá la elección directa del primer ministro por parte de los electores, al tiempo que limitará las prerrogativas del jefe del Estado, que pasará a ser una suerte de «notario» sin voz ni voto. La líder de Hermanos de Italia no esconde, sin embargo, que la idea originaria –no del todo abandonada, aunque no aparece en el texto– era la elección directa del presidente de la República.
«La reforma desmantela la República parlamentaria», denunció la secretaria del PD, Elly Schlein, que evidenció la falta de «contrapeso» como en el semipresidencialismo francés, que separa la elección del presidente de la República de la del Legislativo. «El hecho de que el Parlamento sea elegido por el primer ministro electo pone al propio Parlamento y también al presidente de la República a disposición del primer ministro», añadió la líder socialdemócrata.
Una vez que la reforma obtenga la aprobación de dos tercios de ambas Cámaras, podrá ser sometida a un referéndum. Una eventualidad que se da prácticamente por hecho. El mes pasado, se presentó el primer comité ciudadano con el objetivo de «informar a los ciudadanos».
