BUENOS AIRES, abril 30.— Sin escuchar el clamor de los miles de argentinos que se han manifestado en las semanas recientes, primero, con los obreros, y luego con los universitarios para rechazar el programa de ajuste de Javier Milei, la Cámara de Diputados del Congreso ha dado visto bueno a una parte de la denominada Ley Bases.
Reducida y con algunas modificaciones, la antes conocida como Ley Ómnibus, que en su momento no logró pasar, está a debate en la cámara baja luego de que el jueves pasado obtuviera dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.
La gubernamental La Libertad Avanza no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, pero ha contado con el apoyo de una fracción de los legisladores de la Unión Cívica Radical, del partido Propuesta Republicana y de Hacemos Coalición Federal (HCF) así como del Movimiento Popular Neuquino e Innovación Federal, con lo que han superado a la bancada del peronista Unión por la Patria (Frente de Todos), que votó íntegramente en contra con el respaldo de los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores y de otras tres organizaciones.
Según reportó el diario Página 12, este martes se aprobó en general con 142 votos afirmativos, 106 en contra y cinco abstenciones, tras lo cual deberá pasar al Senado.
La versión final del proyecto incluye una reforma laboral, la eliminación de la moratoria previsional, facultades delegadas que le permiten a Milei eliminar organismos públicos, un régimen de inversiones con beneficios impositivos, y la privatización de empresas públicas.
Entre las modificaciones realizadas a esta versión que legalizará el ajuste, el oficialista partido libertario de Milei concedió eliminar al Banco Nación del listado de empresas a privatizar, entre otros cambios que hacen la ley algo menos dura.
Finalmente, las importantes empresas públicas a privatizar serán Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales. De manera que los trascendentales sectores del agua, la energía, el transporte aéreo, el correo y la radio y la televisión dejarán de ser responsabilidad del Estado.
Otras dos instituciones, Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, estarán sujetas a privatización parcial.
La Ley Bases también comprende la Reforma laboral, esfera en la que estipula la ampliación del período de prueba para entrar a una plaza a seis meses, se eliminan las multas por mala registración laboral y se plantea la posibilidad de crear un fondo de cese laboral que remplace las indemnizaciones.
En una elocuente explicación en la red social X, el peronista gobernador de Buenos Aires y exministro de Economía, Axel Kicillof, consideró que la ley «institucionaliza la deserción del Estado Nacional de sus obligaciones más elementales», «consagra privilegios, deteriora derechos, resigna soberanía y profundiza la desigualdad. La ley de Milei sienta las bases para desintegrar el Estado y que en Argentina impere la ley de la selva», apuntó.
«Lo que pretenden es legalizar los destrozos que ya están haciendo: caída récord de salarios y jubilaciones, recesión, despidos y desempleo, paralización de la obra pública, atropello a las provincias, tarifazos despiadados y entrega del patrimonio nacional».
Página 12 advirtió que tras el debate de la nueva legislación, la atención estará centrada en el denominado Pacto de Mayo, propuesto por Milei en la apertura de las sesiones parlamentarias y mediante el cual se busca establecer lo que ha llamado un «nuevo orden económico argentino» que se firmará el sábado 25 de mayo, en la ciudad de Córdoba.
El ejecutivo espera que la mayoría de los gobernadores acompañen el pacto, que se suscribirá en un acto con bombos y platillos donde se espera la presencia de expresidentes, titulares de los distintos partidos, el Estado mayor conjunto, excombatientes de la guerra de las Malvinas, la Corte Suprema y representantes de la Iglesia.
El diario explicó que el pacto contiene diez puntos referidos a la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral, una reforma previsional, una reforma política estructural y la apertura al comercio internacional.
