La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) emitió una declaración pública para expresar alertas por los recientes ataques que diversos sitios de memoria han recibido a lo largo del país.
En el documento indican que “la vandalización y destrucción de las Baldosas de la Memoria del recinto de detención y tortura conocido como Venda Sexy, el ataque a las tumbas de Salvador Allende, Víctor Jara y Joan Turner en el Cementerio General y la vandalización reiterada de la Casa de Memoria de Copiapó, son expresiones de odio y negacionismo que deben llamar a la debida reflexión de todos los chilenos y chilenas, a objeto de impedir que estas conductas reñidas con la ley y con las obligaciones internacionales del Estado de Chile, se normalicen en nuestra convivencia cotidiana”.
Cabe destacar que en el último ataque, registrado el 23 de marzo pasado, fue detenido un menor de 17 años.
Vandalización de la tumba de Víctor Jara.
El comunicado continúa exhortando a que “el Gobierno, a su vez, debe tener una actitud más proactiva en la defensa de la Memoria de nuestra historia reciente, como requisito indispensable para el establecimiento del ‘Nunca Más’, pues su debida observancia constituye una de las obligaciones internacionales del Estado de Chile propias de la Justicia Transicional”.
Desde la CCHDH sostienen que dicha disposición “supone interponer acciones judiciales para perseguir a los responsables, reivindicar la Memoria de las víctimas y sus familiares, proponer iniciativas legales que sancionen ejemplarmente estos ilícitos y por cierto, patrocinar el proyecto de ley sobre negacionismo presentado por algunas parlamentarias, que duerme en la Cámara de Diputados”.
Finalmente, relevaron la importancia de “impedir entre todos y todas, -sociedad civil y autoridades políticas- que los discursos de odio y negacionistas, provenientes de los sectores políticos que apoyaron y añoran la dictadura civil-militar que asoló nuestra patria durante 17 años se impongan en nuestro país, pues sería el primer paso para la reinstalación un proyecto político que la ciudadanía mayoritariamente ya condenó, por su grave secuela en materia de derechos humanos esenciales y por la imposición de una Constitución y un modelo económico cuyos nefastos efectos en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, aún sufren vastos sectores de la población”.
