La última versión del paquete fiscal de la Ley Bases incluyó cambios en la redacción del impuesto sobre el tiempo de ajuste del Mínimo No Imponible (MNI) y las deducciones, además de un pedido de nuevas atribuciones. La utilización estratégica para compensar perdidas por actividad.
El martes por la noche, sobre la hora límite, el Gobierno le envió a los gobernadores y jefes de bloque la nueva versión de la "Ley Bases..." con el apartado de las medidas fiscales, que incluyó modificaciones en Ganancias, en cuanto al tiempo de actualización y el pedido de nuevas facultades para el Poder Ejecutivo.
A diferencia de las versiones anteriores, en donde se plantearon ajustes trimestrales con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Mínimo No Imponible (MNI) y las deducciones, luego de las reuniones de los últimos días con los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) y del bloque Hacemos, se decidió cambiarlo.
"Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar, durante el período fiscal 2024, los importes previstos en el artículo 30 y en el artículo 94, todos ellos de la Ley de Impuesto a las Ganancias texto ordenado en 2019 y sus modificaciones", agregaron en el artículo 79.
Una nueva atribución que hasta el momento el Gobierno no había pedido. La cual, en caso de aprobarse, podría utilizarse de forma estratégica para incidir en la recaudación del impuesto, y por ende en los ingresos por coparticipación.
En la medida en que no se actualicen, al ritmo de la inflación, los montos a partir del cual se comienza a pagar el impuesto (que se pretende de 1,8 millones para solteros y 2,3 millones para casados con cónyuge y dos hijos), y si o en parte los salarios, más personas pasarán a tributarlo.
"La experiencia que tenemos es que, cuando se le delegaron facultades al Poder Ejecutivo, no se actualizaron los montos en el momento en que se debía y cuando lo hicieron fue por menos por cuestiones recaudatorias", afirmó el CEO de SDC Asesores Tributario, Sebastián Domínguez.
A su vez, remarcó que la responsabilidad de hacerlo lo tienen los diputados y senadores, y que solo en casos excepcionales se puede dar esas atribuciones al Poder Ejecutivo, pero que "no debe ser el mecanismo natural de actualización".
Una postura con la que no coincide el CEO de Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin quien aseguró que en el pasado se llevaron "normalmente a tiempo". "Si la inflación no llega a ser domada, se tiene el resorte de esas facultades, que el Congreso se la ha dado a todos los presidentes", sostuvo.
Pero el cambio que propone el Gobierno no es casual, y se da luego del informe de recaudación de marzo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en donde la performance el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se vio atenuada: solo $ 2.818.322 millones (variación interanual 232,5%).
Una cifra que sumó presión a las negociaciones por la reversión de Ganancias. Y dadas las proyecciones negativas para este año (caída del 2,8% del Producto Bruto Interno (PBI) según el Fondo Monetario Internacional (FMI)), que influye directamente en los ingresos que se generaron por el tributo (89% se reparte entre Nación y las provincias en coparticipación).
Para el segundo año de mandato del presidente de Javier Milei, se plantean otro esquema. "Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del IPC (...) correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior", especificaron en el artículo 73.
Un cambio que es lamentado por el contador Mario Goldman Rota para quien la propuesta de actualización trimestral de los montos deducibles del impuesto era "sana", para qué aseguró que responde a un cambio de las expectativas de la inflación.
