"Es hora ya de un compromiso urgente y un trabajo en común, para implementar medidas que reparen, indemnicen y reconozcan su identidad". Juan Cuatrecasas, fundador de Infancia Robada, valora con optimismo el encuentro que tuvo este lunes con la cúpula de la Conferencia Episcopal y Confer.
"La impunidad debe romperse, el silencio y el encubrimiento también. Y por lo visto el otro día en Argüello, Cobo y los responsables de Confer, podemos empezar a ser optimistas. Por fin", sostiene en esta conversación con elDiario.es.
¿Qué impresión saca de la última reunión con la cúpula episcopal?
Creemos que hemos llegado a ese punto caliente en donde no hay ni debe haber marcha atrás. Muchas víctimas y supervivientes llevamos años poniendo los puntos sobre las íes en lo que a derechos y reconocimiento se refiere. Niñas y niños que sufrieron la violencia sexual en su infancia y adolescencia, que quebró de un modo lacerante la forja de su personalidad. Es hora ya de un compromiso urgente y un trabajo en común, para implementar medidas que reparen, indemnicen y reconozcan su identidad. La condición de víctima es ineludible y si entre todos los agentes sociales involucrados ponemos voluntad, actitud y trabajo, aunque llegue tarde, no será en vano. La impunidad debe romperse, el silencio y el encubrimiento también. Y por lo visto el otro día en Argüello, Cobo y los responsables de Confer, podemos empezar a ser optimistas. Por fin.
¿De todas las medidas propuestas, cuál o cuáles, son en su opinión, las más relevantes?
La realidad, a veces no está visibilizada de un modo efectivo y correcto. El estado emocional de muchas víctimas y supervivientes es terrible. La implementación de medidas, que en mi opinión, corresponde a la jerarquía eclesiástica y a los poderes públicos, debe ser inmediata. No es humano seguir mirando para otro lado. Las terapias gratuitas, la lucha contra la exclusión laboral, social, educativa y por supuesto, una contundente respuesta a quienes desde la pederastia y sus satélites mediáticos siguen atacando a quienes denuncian estos delitos deben ser ya inexcusables. La ausencia de estos tres puntos son una grieta en el Estado Social y Democrático de Derecho y en los valores y principios que se le atribuyen a la Iglesia católica.
¿Qué ha cambiado para que comiencen a ser optimistas?
En cuanto a los poderes públicos, la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, frente a situaciones de violencia, supuso un muy relevante punto de partida. Después llegó la investigación del Defensor del Pueblo y el informe surgido de la aceptación de esa encomienda del Congreso de Diputados por parte de la oficina de Ángel Gabilondo.
La Iglesia parecía lastrada por luchas internas, por actitudes fariseas e incluso negacionistas de algunos siniestros personajes, por seguir minimizando y encubriendo casos, secuelas y dolor. Ahora parece que hay un giro en disposición, en asumir responsabilidades y en actitud de trabajo serio e incluso independiente en aras del logro de objetivos. Creo que es el inicio de algo. Y espero que entre todos, con voluntad y horas de trabajo, podamos lograr reconocimiento, reparación, acompañamiento y justicia.
¿Han tenido que desmontar muchas falsedades?
La mentira forma parte del relato de quienes llevan décadas encubriendo de un modo miserable, auténticas torturas, la verdad silenciada. Pero la verdad termina siempre fluyendo. Va en su ADN. Pero ya digo, la verdad fluye, mal que les pese. A esa gente les pediría que dejen de inocular odio, que salgan de su burbuja, que dejen de hacer el ridículo y que se sumen a una ola imparable que hemos labrado las víctimas y supervivientes, con el apoyo de la política de tolerancia cero del papa Francisco y con las iniciativas plasmadas desde la más amplia totalidad de grupos del Congreso de Diputados. Era necesario, es necesario y seguirá siéndolo.
¿Cuál debe ser el papel de las víctimas en este proceso de reconocimiento?
Las víctimas tal y como recoge la normativa aplicable en el orden jurídico público deben ser informadas, protegidas y apoyadas. Y a partir de ahí deben exigir que sus derechos sean de obligado cumplimiento. Tanto se habla y se debate en torno al capítulo indemnizatorio, por ejemplo, y parece olvidarse que según la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, de aplicación en todos los Estados de la UE, se exige que cada Estado miembro de la UE cree un régimen nacional de indemnización para todas las víctimas de delitos dolosos violentos. Con arreglo a esta normativa, todas las víctimas de delitos dolosos violentos tienen acceso al régimen nacional de indemnización en el Estado miembro en cuyo territorio se cometió el delito. Creemos que la Iglesia Católica debe sumarse a esta exigencia, por rigor, actualización de parámetros propios, equidad y justicia. Son valores que deben ser obligados en una institución que predica lo que predica.
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