La guerra desencadenada en el consejo de administración de Radio Televisión Española da cuenta de hasta qué punto el diseño de la estructura del ente público ha resultado fallido. Ayer, a primera hora de la mañana, José Pablo López fue destituido como director de contenidos con el voto de la presidenta interina, Elena Sánchez. Pocas horas después, era la propia Sánchez quien se veía obligada cesar como presidenta por los votos de los consejeros del PSOE, del PP y uno de los dos que tiene Podemos. Esta sucesión de ceses demuestra que la situación en RTVE empezaba a ser insostenible. En las últimas décadas, la corporación pública ha sufrido distintas renovaciones estructurales. RTVE ha intentado asimilarse al modelo de la BBC en distintos momentos pero el resultado dista mucho de ser satisfactorio. Con la eliminación de la publicidad, parecía claro que el servicio público de radio y televisión en España asumía una estrategia al margen del mercado que debería privilegiar la calidad de contenidos por encima de la búsqueda de audiencia. Pero, una vez que se abandona el elemento correctivo que supone ésta, deben estar muy claros los principios a los que se piensa adherir con el fin de que la institución no se convierta en territorio de intereses espurios. Con ese giro hacia la independencia comercial, al menos en teoría, se aspiraba a facilitar a la ciudadanía el acceso a una información veraz, un derecho, por cierto, consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución. Recordemos, además, que un medio de comunicación sólo puede ser considerado como un bien público si se somete a condiciones muy estrictas de transparencia y a unos estándares de calidad incuestionables. La gestión del destituido José Pablo López, centrada en mejorar las audiencias, no sólo no aumentó la calidad de los contenidos sino que abundó en una programación de escaso interés informativo o cultural. Trasladar a RTVE contenidos rentables pero de una calidad más que discutible no parece la mejor forma de prestigiar un medio ni de legitimar su titularidad pública. La inestabilidad exhibida en el consejo tampoco parece refrendar el compromiso con las prácticas de buen gobierno que serían deseables en una entidad de esta naturaleza y la sucesión de polémicas durante los últimos meses ha evidenciado no sólo una crisis de modelo sino, sobre todo, el sectarismo y la militancia partidista de quienes dirigen la entidad. Más allá de la calidad y de la pluralidad de los contenidos y del modelo de gobernanza corporativa, la crisis del consejo de administración es un ejemplo de cómo los intereses políticos están colonizando instituciones que por su condición nacional deberían ser neutrales. RTVE tendría que ser un faro, y no un instrumento de adoctrinamiento con el que representantes de uno y otro signo esperan a que les toque su turno para poder ejercer su influencia. Que seamos capaces de reconocer la explícita tendencia ideológica de los consejeros es una prueba inequívoca del modo en que se ha desnaturalizado una entidad que debería estar consagrada al interés general de todos los españoles. Los estándares de buen gobierno son deseables en cualquier empresa de medios, pero en el caso de una corporación estatal resultan absolutamente imprescindibles y exigibles. Una radio y una televisión públicas sólo serán legítimas si protegen su autonomía y si se mantienen a salvo de la injerencia del poder político.
