El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el viernes bloquear de forma cautelar Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia, Movistar Plus y la entidad de gestión de derechos de autor Egeda, por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Detrás de esta decisión hay un debate que afecta a la privacidad, la libertad de expresión y los derechos de autor. Pero antes de entrar en el meollo de la noticia, comencemos con una historia.
Año 2012: el joven millonario Pável Dúrov hace aviones con billetes de 5.000 rublos (155 dólares) y los lanza por la ventana de sus oficinas de Vkontakte (VK), la red social que había lanzado en 2006 y que se ha convertido en el Facebook ruso, con 50 millones de usuarios. Dúrov ya se ha negado a cerrar páginas de políticos opositores a Putin y a proporcionar datos personales de activistas ucranianos al Kremlin. Poco después de que sus aviones de papel moneda sobrevuelen San Petersburgo, se inició un ataque político contra él, con procesos abiertos y reiteradas visitas de los servicios de seguridad a su casa, hasta que el empresario decidió autoexliarse. Compañías aliadas de Putin tomaron control de la mayoría de acciones de Vkontakte a través de una cuestionada maniobra y Dúrov terminó por vender su parte de la compañía. Aquello fue decisivo para el desarrollo de Telegram. Pável cuenta que lo ideó en una de las visitas de las autoridades a su domicilio para comunicarse de forma segura y privada con su hermano y socio, Nikolai. Dúrov y su equipo de desarrolladores de la Universidad de San Petersburgo, ya fuera de Rusia, se propusieron consolidar esta red privada como una aplicación de mensajería que fuera radicalmente segura, con una moderación mucho más laxa que la del resto de redes sociales y también mucho más reacia a someterse a los requerimientos de datos de los tribunales de los países en lo que opera. Así se izó la bandera de Telegram: la privacidad absoluta, a pesar de los vetos y de los bloqueos. Su fuerte cifrado, tanto de las conversaciones como de los propios archivos, la eficiencia de su sistema para cargar archivos y acceder a ellos desde cualquier dispositivo y su política de privacidad basada en evitar agujeros de seguridad por los que puedan entrar las agencias de inteligencia y en no extraer datos personales para la publicidad, son las claves de su popularidad. "Hasta hoy, hemos entregado 0 bytes de datos de usuarios a terceros, incluyendo gobiernos", presumen en la app.
Dúrov se considera un nómada sin patria pero tiene la ciudadanía de las islas caribeñas de San Cristóbal y Nieve, vecinas del paraíso fiscal de Islas Vírgenes donde la compañía tiene su matriz, aunque la sede está en Dubái y sus servidores se desperdigan por el mundo. Han sido las autoridades de Islas Vírgenes las que no han respondido a los requerimientos de la Audiencia Nacional para aportar los datos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas que difunden contenidos piratas con ánimo de lucro. Ante la no respuesta, el juez Santiago Pedraz tuvo lo contrario a un momento de lucidez, decidió poner puertas al campo y dejar sin Telegram a los 8,5 millones de usuarios en España, empresas y particulares, que la usan mayoritariamente con fines legales y como herramienta de trabajo y comunicación. A pequeña escala, es como si decides cerrar internet en España porque hay páginas pornográficas con menores. Con el pequeño detalle de que el bloqueo de Telegram no se produce porque haya grupos de extrema derecha o terroristas que se organizan en sus canales, tampoco porque se haya detectado intercambio de pornografía infantil, venta de drogas o la transmisión de contenidos violentos, bulos y desinformación, actividades todas ellas que encuentran cobijo en los canales de Telegram. Ha sido por problemas de derechos de autor. El copyright como método de censura.
La libertad de Telegram sobre los contenidos que se comparten ha provocado que florezcan grupos conflictivos. No es la primera vez que la aplicación tiene problemas con las autoridades, desde el Kremlin a la justicia brasileña, y por eso ha adoptado medidas para dificultar que un operador nacional bloquee su servicio, con un servicio de proxy interno que finge que la conexión se hace desde otro país. Así usan Telegram en China, Irán o Pakistán, países en los que está prohibido, y que dan unas buenas coordenadas del tipo de decisión, desproporcionada e ineficaz, que ha tomado el juez de la Audiencia Nacional. El punto central sobre el que todos podemos debatir es si es legítimo que una empresa privada se niegue a los requerimientos de los tribunales de países democráticos pero no deja de ser llamativo, y por supuesto relevante, que el debate se haga auto judicial por unas series o unos partidos de fútbol piratas y no por una cuestión mucho más seria: si Telegram es un espacio impune para el intercambio de pornografía con niños o la organización y reivindicación de acciones violentas. Telegram sigue funcionando y cualquier usuario español podrá seguir utilizándolo sin mayores problemas pero la medida que ha tomado el juez Pedraz en defensa de grandes corporaciones dejará sin responder a la cuestión clave: ¿Estamos dispuestos a que nuestra privacidad sea el precio de la seguridad en internet?
