En medio de una investigación administrativa en el Ministerio de Vivienda por las adjudicaciones de viviendas durante la gestión de Irene Moreira, el actual ministro Raúl Lozano ha tomado decisiones que han generado debate y críticas en el ámbito político y sindical.
Según lo resuelto por Lozano, los funcionarios implicados en los casos polémicos podrían enfrentar la sanción de observación, con anotación en su legajo personal. Esta medida se tomó tras evaluar la situación y determinar que los correos electrónicos de Moreira expresando su interés en las adjudicaciones no pueden considerarse como órdenes o mandatos, sino más bien como expresiones de interés.
El ministro optó por no llevar el tema a mayores y no acceder a la sugerencia de iniciar un sumario, propuesta por la instructora de la investigación, Daiana Da Silva. Esta decisión ha sido criticada por sectores del Frente Amplio, como la diputada Cecilia Cairo, quien catalogó la situación como «una vergüenza». Asimismo, el sindicato del Ministerio de Vivienda (MVOT) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) han expresado su desacuerdo, argumentando que se está trasladando la responsabilidad a trabajadores de menor rango en lugar de a los cargos políticos correspondientes.
Sin embargo, algunos de los funcionarios implicados han defendido su actuación durante la investigación. Daniel Cafferatta, gerente del Área de Planificación y Gestión de Soluciones Habitacionales, destacó que actuaron bajo procedimientos establecidos por las autoridades y que demostraron compromiso y buen trabajo institucional.
Por su parte, Patricia Laviña, directora de la División Articulación y Gestión de Soluciones Habitacionales de la Dirección Nacional de Vivienda, señaló que las decisiones de reserva de cupos de viviendas eran mandatos de la autoridad y que no correspondía a su área evaluar dichas adjudicaciones.
La instructora Da Silva concluyó que hubo actos irregulares por parte de los funcionarios, quienes no mostraron la debida diligencia en su actuar según la normativa. Esto ha generado un debate sobre la responsabilidad y el proceder dentro del Ministerio de Vivienda.
En respuesta a las críticas, el ministro Lozano defendió la decisión de no iniciar un sumario y señaló que las expresiones de la instructora fueron interpretaciones que no justificaban ensuciar el legajo de funcionarios con años de servicio.
La controversia continúa en el Ministerio de Vivienda mientras se espera que se aclaren las responsabilidades y consecuencias de estas adjudicaciones cuestionadas durante la gestión anterior.
