La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, impulsora de la querella inicial contra Luis Rubiales por presuntos delitos derivados de su gestión al frente de la Real Federación Española de Fútbol, ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 4 de Majadahonda en el que reclama la citación del presidente de la Gestora, Pedro Rocha, para que explique por qué la institución no ha proporcionado determinada documentación que le viene requiriendo la juez. El escrito, al que tuvo acceso ABC, alega que la RFEF «ha desobedecido el requerimiento del juzgado» en tanto que en noviembre de 2023 se le dieron diez días para aportar la documentación sobre los informes y autorizaciones en la contratación de la Supercopa de España y lo que envió «no incluye los documentos requeridos» sobre los contratos para organizar el evento en Arabia Saudí. «Ninguno de los documentos esenciales ha sido presentado al juzgado, lo que no solo plantea la necesidad de obtenerlos, tal como lo habrá hecho el juzgado estos días, sino también la citación de los líderes de la RFEF para que identifiquen a los responsables del incumplimiento», dice el escrito, que se refiere a las entradas y registros practicadas en once localizaciones esta semana por la Guardia Civil, incluyendo la sede de la Federación, en busca de documentación. Noticia Relacionada Escándalo en la RFEF estandar Si El anexo secreto de la Supercopa que acecha a Rubiales y a Piqué Pedro Cifuentes Conforme detalla, Rocha, que ahora ostenta el liderazgo de la RFEF como presidente de la Gestora, fue su vicepresidente y miembro de la Directiva hasta 2020 y presidente de la Comisión Económica desde entonces. También vicepresidente único tras la destitución de todo el equipo de Rubiales cuando fue cesado por el beso no consentido a la jugadora de la selección Jennifer Hermoso en el mundial en Sidney el pasado agosto. Pero además, pide que se cite a declarar por el mismo asunto a la directora del Gabinete de Presidencia de la RFEF, Elvira Andrés, que había sido directora de cumplimiento normativo entre 2018 y 2020 y después, responsable del área de integridad y así, de la Comisión de Cumplimiento. «Desconocemos la motivación de estos responsables para no cumplir con el requerimiento del juzgado, pero no podemos pasar por alto el hecho de que el actual presidente y la directora de Gabinete de la Presidencia ocuparon nada menos que la presidencia de dos comisiones respecto de las cuales el juzgado solicitaba ser informado sobre su composición», dice el escrito.
