Un total de 185 personas físicas y 71 jurídicas han sido procesadas por corrupción en el año 2023. Según los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los tribunales españoles concluyeron un total de 32 procedimientos de este tipo el pasado año y se dictaron 13 sentencias en todo el territorio nacional. Cada tres meses, el órgano de mandato de los jueces actualiza su repositorio, puesto en marcha en 2017, para dar a conocer a la ciudadanía la acción de la Justicia en el marco de la lucha contra la corrupción. Los datos correspondientes al año 2023 ya están completos, después de que hayan sido integrados los del último trimestre del año pasado. Concretamente, la información que ofrece el CGPJ tiene que ver con lo que se conoce como corrupción pública . Dentro de este concepto se incluyen los delitos de prevaricación urbanística, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y receptación y blaqueo de capitales. Los protagonistas van desde funcionarios públicos hasta gobernantes y políticos ; y se abarca, por tanto, desde la corrupción administrativa hasta la política. Noticia Relacionada estandar No El Congreso aprueba la comisión para investigar la corrupción durante la pandemia propuesta por el PSOE Marta Martínez El PP se abstiene con duras críticas a Armengol por su papel en el caso Koldo De los 32 procedimientos de este ámbito cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2023, 5 corresponden al cuarto trimestre del año. En cuanto a las personas acusadas, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 34 de ellas en los tres últimos meses del año pasado. En ese periodo, el número de personas jurídicas fue de 14. Por otra parte, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, los tribunales dictaron un total de 56 sentencias en causas en las que se investigaban delitos relacionados con la corrupción. De todas ellas, 38 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que supone el 67,9 por ciento de las dictadas. El resto, 18, fueron absolutorias.
