Pompeyo González, el jubilado de 74 años que envió en noviembre de 2022 seis cartas con explosivos a Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros destinatarios, se enfrenta a una posible condena de 22 años de prisión, que reclama la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo y fabricación y empleo de artefactos explosivos.
La fiscal de la Audiencia Ana Noé reclama también para González -que también remitió cartas bomba a las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, a la embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y al centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz- que sea sometido a libertad vigilada durante seis años cuando cumpla su condena y que indemnice con 1.500 euros a un empleado de la embajada de Ucrania que resultó herido al manipular una de esas cartas.
Según el Ministerio Público, Pompeyo González -quien tras ser detenido en Burgos el 27 de enero de 2023, permaneció en prisión provisional hasta el 14 de abril del pasado año- era "contrario al apoyo prestado" a Ucrania por el Gobierno de España y el de Estados Unidos y el de "otras instituciones radicadas en territorio nacional", por lo que "con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos y causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española" elaboró esos artefactos en su domicilio de Miranda de Ebro (Burgos).
Esos explosivos improvisados como "artefacto postal" presentaban "similitudes en su estructura y composición", precisa la fiscal del caso, "diferenciándose por el tipo de sustancia explosiva utilizada" (de entre siete y diez gramos). Todos tenían una activación mecánica, iniciación pirotécnica y contaban con "los elementos necesarios para su correcto funcionamiento".
El Ministerio Público considera que la cantidad de explosivo y su disposición en el artefacto "sería suficiente para producir lesiones de diferente consideración en función de la cercanía y los posibles órganos afectados, tanto por la propia explosión de la sustancia como
por el impacto de la metralla incorporada" (postas de plomo) y la producida "por la fragmentación del perfil metálico debido al confinamiento del explosivo y demás elementos utilizados para su fabricación" (principalmente tuercas y tornillos).
Pompeyo González, señala la Fiscalía, diseñó los envíos "a fin de que cuando la caja de madera se sacase del sobre de cartón, y el destinatario abriese la tapa retirando la cinta adhesiva que tenía a modo de cierre, la tapa arrastraría al pasador, sacándolo de su alojamiento, liberando al percutor que, por la acción del muelle contraído, se desplazaría por el tubo que lo contenía hasta percutir al pistón, dando lugar a su iniciación".
Ya en julio de 2022, la investigación puso de relieve que llevó a cabo "diversas consultas sobre nitrato potásico casero, mechas de pólvora y tiendas de petardos".
