Con el adelanto de las elecciones catalanas, la vuelta de Puigdemont a España ha vuelto a situarse en el centro de la opinión pública. Mientras la tramitación de la ley de amnistía recorre todos los pasos de forma acelerada, varias opiniones se enfrentan acerca de la constitucionalidad de la norma.
En medio del ruido mediático, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, una asociación transversal en la que se agrupan desde magistrados a abogados y catedráticos, ha actualizado la guía que elaboró en enero para impedir la aplicación de la ley de amnistía.
En ella, ofrecían a los magistrados a cargo de los procedimientos que podían ser objeto de la amnistía herramientas para presentar una cuestión inconstitucional o prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El portavoz de la Plataforma, Jesús Villegas, explicaba a Confidencial Digital que “el mero hecho de plantear la cuestión” ya supondría una paralización o suspensión de la norma hasta que el tribunal competente se manifestara.
Los juristas de la guía de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial han actualizado su guía con las directrices europeas para blindarla todavía más.
Este lunes conocimos el informe final de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa que evaluó la proposición de ley de amnistía pactada por el PSOE con Junts, ERC y el resto de socios de Gobierno.
Entre las principales conclusiones, la Comisión recomienda a las autoridades españolas que la norma sea aprobada por una mayoría cualificada (por ejemplo, dos tercios de la cámara) en vez de por mayoría absoluta (la mitad más uno), tal y como se ha llevado a cabo en otros países analizados.
Además, el órgano europeo apunta que la urgencia de su tramitación ha ahondado más la división entre los partidos políticos, las instituciones, el poder judicial y la ciudadanía. Por ello, sugiere que se tome “el tiempo necesario” para dialogar bien la ley y alcanzar una reconciliación política.
Villegas señala que, en primer lugar, la guía recuerda que los intentos del artículo 4 de la ley de amnistía para hacer que los jueces tengan que levantar medidas cautelares pese al planteamiento de cuestiones ante el Constitucional o el TJUE “tampoco han supuesto avance alguno en esa dirección”.
No solamente los magistrados pueden presentarlas antes de decidir sobre si aplicar la amnistía o no, sino que la Comisión señala que “no se puede obligar a los jueces a suspender estas medidas cautelares”.
La guía también recuerda que “las modificaciones en los delitos de malversación y de terrorismo no han hecho ni un ápice más inmune a la ley frente al incumplimiento de las Directivas sobre malversación y sobre terrorismo” y que, por tanto, siguen incumpliéndolas.
En este sentido, el órgano consultivo advierte de que la ley de amnistía debe "garantizar que, en la interpretación de las exclusiones, el principio rector sea que las amnistías sólo son compatibles con las normas internacionales si se excluyen de su ámbito de aplicación las violaciones graves de los derechos humanos"
Finalmente, la Plataforma aglomera todas las advertencias que da la Comisión de Venecia sobre la justificación de la ley para que no sea tachada de arbitraria y vulnere el principio de igualdad.
La Comisión de Venecia es clara: una amnistía “pacta beneficios legales especiales para un grupo concreto de individuos”. Y para huir de la arbitrariedad, para que una ley de estas características sea legítima debe ser aprobada por una mayoría cualificada, como mencionado anteriormente.
En el caso de la proposición de ley que se quiere aplicar en España, el órgano consultivo considera que la relación entre las consultas celebradas el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre 2017, su preparación o sus consecuencias y los actos cubiertos por la amnistía no es suficientemente fuerte.
“La amnistía podría cubrir a muchos ciudadanos que cometieron crímenes ordinarios que tienen poco o nada que ver con la tensión social que ha llevado a la ley”, afirma.
Por tanto, esta falta de concreción podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley y, por ello, pide a las autoridades que acoten de una forma más precisa su alcance.
