Los funcionarios de Justicia vuelven a retomar las movilizaciones y protestas ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por la subida salarial con el Ministerio de Justicia, una reivindicación que está pendiente de concretar desde mayo del año pasado. Las negociaciones se aplazaron por la convocatoria de elecciones generales y por las posteriores dificultades para alcanzar un acuerdo de Gobierno.
Sin embargo, las negociaciones se retomaron en enero con expectativas positivas por parte de los distintos sindicatos, que celebraron varias reuniones con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y con la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente. Pero poco a poco esas expectativas se desinflaron porque no se concretaba lo que reivindicaban los sindicatos: una subida salarial para los funcionarios de Justicia no solo dependientes del ministerio, sino también para los que dependen de las comunidades autónomas.
Pero, tal como señalan las organizaciones sindicales, desde Justicia plantean que el alza de las retribuciones se dé en el tramo salarial que no está transferido a las comunidades autónomas.
Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario, ha convocado dos movilizaciones. La primera de ellas será una protesta que tendrá lugar mañana a las 15.30 horas en la inauguración del "Foro de la Transformación Digital de la Justicia, que se celebrará en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid.
La segunda convocatoria será el jueves 21 de marzo a las 12 horas. En esa ocasión será una concentración delante de la sede del Ministerio de Justicia, coincidiendo con la reunión de la mesa sectorial.
Según denuncian en CSIF, la negociación de la reforma de la Justicia y los tribunales de instancia que se enmarca en el proyecto de ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia llega al parlamento sin contar con el consenso sindical.
La organización exige que se atiendan las necesidades organizativas, los cambios en las funciones y el reconocimiento del personal de Justicia en todo este proceso de renovación del mismo modo que se hizo a principios de 2023 en el caso de los letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales "con subidas salariales más que notables", señala CSIF.
Otro punto de fricción es la implantación de los tribunales de instancia. CSIF critica que el texto de la ley no realiza un análisis real de la situación de la Justicia porque la concibe como una "cadena de producción". Con esta visión, creen que se agravará el problema de los cuellos de botella funcionales.
También ponen en entredicho que se deje fuera a los funcionarios del diseño, implantación y organización de la oficina judicial, un trato desigual respecto del de otros colectivos profesionales.
Para CSIF, este modelo obvia la obligación de negociar los puestos de trabajo y los procesos de acoplamiento y crea incertidumbre sobre los destinos del personal de Justicia, que podría ser movido arbitrariamente, obstaculizando el desarrollo profesional y la especialización.
También acusan que la mediación obligatoria se eliminó en 1984 porque "fracasó estrepitosamente por inútil" y acusa que esta ley "ahonda en el control político de las oficinas judiciales" por el nombramiento "a dedo en puestos clave". Para las organizaciones sindicales, el ministerio ha renunciado a dotar de medios materiales y personales al sistema de Justicia. Y por ello, retoman las protestas.
