El aparato de Estado iraní está utilizando herramientas de inteligencia artificial, incluidas aplicaciones en teléfonos móviles, para vigilar que las niñas y mujeres cumplen las restrictivas normas de uso del velo islámico, reveló este lunes la Comisión Internacional Independiente de la ONU que investiga la situación de los derechos humanos en este país.
"Es difícil imaginar que en el siglo XXI, el acceso de las mujeres a los servicios y oportunidades más básicos, como escuelas, universidades, hospitales y tribunales, o a oportunidades de empleo en el gobierno u otros sectores, deba estar sujeto al requisito arbitrario de llevar el hiyab (velo islámico)", declaró la presidenta de la Comisión, Sara Hossain.
El equipo de investigación, compuesto por tres juristas de distintos países (Hossain de Bangladesh, Pakistán y Argentina) y que trabajan con un criterio de independencia, fue creado a raíz de la represión armada de las protestas que estallaron en septiembre de 2022 tras la muerte en custodia de la joven Masha Amini, detenida supuestamente por no llevar bien puesto el velo.
Según las investigaciones realizadas por la Comisión, que aseguró haber reunido y guardado 27.000 elementos de evidencia, las cifra más probable de manifestantes asesinados por las fuerzas de seguridad fueron 551, al menos una docena más del número que se manejaba hasta ahora, y entre los que había medio centenar de mujeres y 68 niños.
En una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne en Ginebra, Hossein sostuvo que las autoridades iraníes tomaron "acciones coordinadas para maquillar la verdad sobre los asesinatos y silenciar el dolor de las familias de las víctimas".
Según los testimonios desde dentro y fuera de Irán, las familias fueron amenazadas, acosadas y algunos parientes directamente detenidos por el simple hecho de llorar a sus seres queridos, por pedir públicamente justicia o por organizar una ceremonia conmemorativa, mientras que no se detuvo a ningún responsable de las muertes.
Hossein lamentó que el Gobierno no tenga voluntad de colaborar con el trabajo de la Comisión de la ONU, a la que ha negado autorización para visitar el país y así poder recolectar información de primera mano. Tampoco ha respondido a ninguna de las 21 cartas remitidas a las autoridades solicitando informaciones detalladas.
Además de ignorar las peticiones de la Comisión, la jurista bangladesí consideró que las autoridades iraníes intentaron obstaculizar el avance de sus investigaciones, amenazando a todo aquel que ofreciera su testimonio o interrumpiendo las comunicaciones con personas que deseaban hablar con la Comisión desde Irán.
